El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el laboratorio forense de Cuelgamuros junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. (Foto: Pool Moncloa/ Borja Puig de la Bellacasa)
Según han avanzado fuentes del Gobierno, va a elevar esta cuestión “por su gravedad” a las “principales instancias” Europeas e Internacionales. En concreto, a Naciones Unidas. Tal y como explican desde Moncloa, el Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que “evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos”.
Asimismo, en el Parlamento Europeo promoverá “distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno para su debate y votación por parte del Grupo S&D”. Por su parte, en el Consejo de Europa impulsará un “debate urgente” en la Asamblea del mismo para “analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades gobernadas por PP y Vox”.
A esto hay que sumar, que informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la “gravedad” de la situación y solicitará la elaboración de un “informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación” por parte de los ejecutivos de la derecha.
Moncloa ha anunciado esta ofensiva el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy el laboratorio forense de Cuelgamuros junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Allí, ha conocido “de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo para la exhumación de 160 víctimas, cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional, cuya resignificación como futuro centro de interpretación memorialista plantea el Gobierno”.
Tras recorrer la nave central de la basílica, Sánchez ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos, en cuya labor de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética, apuntan desde el Ejecutivo en una nota.
El pasado mes de marzo, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Ángel Víctor Torres, señaló que, hasta ese momento, las labores de recuperación habían dado como resultado el hallazgo de la caja 198, y la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 han sido identificadas genéticamente y se han podido entregar sus restos a las familias.
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