En una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, el Ejecutivo señala que, desde que se conoció la noticia, la Embajada de España en Varsovia «ha realizado y continúa realizando gestiones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, las autoridades policiales y otros órganos de la Administración de ese país».
También ha indicado que el pasado 7 de marzo se produjo, en la prisión de Rzeszów, «la primera de las cuatro visitas consulares realizadas hasta ahora al detenido».
Sobre la situación de González, ha señalado que las autoridades polacas le designaron un abogado de oficio el 9 de marzo pero que, además, el periodista «tiene también asistencia letrada en España con la que la Embajada ha estado en contacto»; así como un abogado privado polaco.
ASISTENCIA INDEPENDIENTEMENTE DE LOS CARGOS
También se han hecho las gestiones pertinentes «para facilitar la comunicación del detenido con sus familiares y, según apunta el Ejecutivo, la familia también ha recibido en España la correspondencia enviada. De hecho, el Gobierno ha indicado que la embajada está «en contacto con la familia» del periodista y le informa de las gestiones que se van realizando, así como de las gestiones necesarias para que puedan estar en contacto o hacerle llegar al detenido paquetes y dinero.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo aclara que se continuará prestando a González la asistencia y protección consular habitual para detenidos, «independientemente de los cargos y del resultado del procedimiento judicial».
SORPRESA POR LA FALTA DE INFORMACIÓN
Por otra parte, el Gobierno ha explicado que ha transmitido a las autoridades polacas «la sorpresa por la falta de información inicial» que se produjo en la detención, así como «la importancia de garantizar el ejercicio de la preceptiva asistencia consular, incluyendo el derecho de visita y asistencia legal».
En este sentido, ha indicado que «las autoridades polacas han alegado que, durante la fase inicial de la detención, el Fiscal habría ordenado que el asunto se mantuviese secreto», lo que, según ha señalado, «habría justificado su actuación conforme a la normativa local».
