El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. (Foto: FGE)
En concreto, el mandato del FGE será de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.
Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al FGE por “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones” y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el FGE comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo “deberá constar por escrito y ser publicada”.
Según esas mismas fuentes, la reforma también otorga “mayor autonomía funcional” al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del FGE, en lugar del Gobierno.
Con vistas a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), recoge la citada agencia, el texto prevé que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el Fiscal Jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes.
En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales “no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros”. Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del FGE y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, “es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad”.
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