El cruce de cifras entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central vuelve a poner el foco en la financiación del sistema de dependencia, clave para miles de personas en situación vulnerable. Mientras el Ejecutivo andaluz presume de destinar el 68% de los fondos en 2025, desde la Delegación del Gobierno recuerdan que la ley impide al Estado superar la financiación autonómica y defienden que nunca antes se había invertido tanto como ahora en esta política social.
La ley impide al Estado superar la financiación de las autonomías
La Delegación del Gobierno en Andalucía ha subrayado que la actual legislación no exige una aportación del 50% por parte del Ejecutivo central y que, de hecho, el artículo 32, capítulo V de la Ley de Dependencia prohíbe expresamente que el Estado aporte más que las comunidades autónomas.
En este sentido, la Delegación señala que alcanzar ese 50% de cofinanciación «es un objetivo político, no una obligación legal», y que el actual Ejecutivo lo ha asumido como compromiso, especialmente tras los recortes impulsados en 2012 durante el mandato del PP.
Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos recibe del Gobierno central para dependencia
Financiación récord y aumento sostenido desde 2020
Según los datos aportados, el Gobierno ha triplicado la financiación respecto a 2014, con un crecimiento superior al 150% desde 2020. En 2024, el Ejecutivo destinó 738 millones de euros a Andalucía, la mayor cifra registrada desde que se aprobó la ley de dependencia.
La cifra supone 508 millones más que en 2017, el último año de gobierno del PP en Moncloa. Además, en 2025 se ha aprobado una partida de 147,8 millones de euros solo para el nivel acordado, superando los 141 millones del año anterior.
El Gobierno destaca que ha restituido los fondos recortados en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy
Recuperación de derechos eliminados por el PP
Junto a la recuperación de los niveles de financiación, el Gobierno destaca la reposición de las cotizaciones a la Seguridad Social para cuidadoras no profesionales, una medida eliminada en 2012 y que afecta especialmente a mujeres que cuidan a familiares dependientes.
La Delegación defiende así que el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la dependencia en Andalucía no solo se refleja en cifras, sino también en políticas que restituyen derechos sociales recortados durante la crisis.
