“La Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista”. Así lo recoge el BOE, que explica que la DGS “fue una de las principales herramientas del control y la represión política”.
“Tras la Guerra de España (1936-1939), asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen”, apunta. En sus dependencias se llevaron a cabo “interrogatorios y torturas, y aunque nominalmente su función era asegurar el orden público, en la práctica actuaba como una policía política al servicio del régimen con facultades extraordinarias para actuar en defensa del Estado franquista”, asegura.
Según continúa el Boletín Oficial del Estado, “uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo a los detenidos”. Es más, la tortura “se convirtió en una práctica habitual por la que se buscaba extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar a los detenidos”, en su mayoría “activistas políticos, intelectuales, sindicalistas, personas pertenecientes a movimientos sociales, trabajadores, estudiantes”.
Todos ellos “fueron sometidos a un trato brutal para forzar la delación de sus compañeros y para obtener información sobre las actividades de resistencia”.
Oposición del Gobierno madrileño
Desde la Comunidad de Madrid se han opuesto radicalmente a esta decisión hasta el punto de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar lo que, en su opinión, es una invasión de competencias autonómicas. Además, considera que el edificio ya está “completamente resignificado, ya que desde hace 40 años el primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, decidió que fuera la sede del Gobierno autonómico”.
Nuevo catálogo de símbolos franquistas a retirar
Asimismo, esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en noviembre, cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Ejecutivo publicará el catálogo de “elementos y símbolos franquistas” que fija la Ley de Memoria Democrática para que “sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles”.
Será, según Sánchez, “antes de que acabe noviembre” cuando se conozca este nuevo listado.
