El Partido Popular ha pasado a la acción después del polémico y complejo auto del juez del ‘caso Lezo’ sobre la entrega de documentación a la oposición. Después de que se diese luz verde a que la Comunidad de Madrid diese las actas del Canal de Isabel II al resto de partidos, la interpretación de los populares de esta última decisión ha servido al consejero de Presidencia, Ángel Garrido, para reclamar a las formaciones que devuelvan la información.
De manera “inmediata”, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha pedido a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que exija las actas a la oposición. De hecho, ha instado a los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos a que “se abstengan de revelar o a hacer uso de la información” que la Comunidad de Madrid ha entregado a lo largo de este mes de enero al resto de grupos parlamentarios.
A pesar de este paso de los conservadores, la oposición ha manifestado que la última orden del juez gira en torno a que no se puede pedir información al Poder Judicial. En cambio, según PSOE y Podemos, los partidos sí pueden reclamar las actas del Canal a la Comunidad de Madrid. Es decir, según su interpretación: dirigirse al magistrado para recopilar documentación que tiene en su poder por las diligencias llevadas a cabo no se podría; trasladar esta petición al Gobierno regional sí estaría permitido.
Aun así, Garrido ha insistido en que “los diputados y miembros de la comisión no deben tener acceso” a cualquier tipo de documento relacionado con el caso –sea entregado por la Comunidad de Madrid o por el Poder Judicial- para así “preservar los derechos y principios de rango constitucional que pudieran verse afectados”. Mientras tanto, Podemos ha incidido que “el auto no puede referirse al derecho de los parlamentarios a recibir información del Gobierno puesto que ya existen sentencias que se han pronunciado sobre este tema” dándoles la razón a favor.
Podemos denuncia las maniobras del Gobierno
“Lo que se deduce del auto es que el juez establece que el órgano judicial no tiene obligación de dar esa información, lo cual tiene sentido si la Comisión de Investigación hubiera solicitado información del sumario o relativa a las declaraciones de imputados al juez instructor, pero la realidad es que la solicitud de la Comisión de Investigación es al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de una documentación de existencia previa al proceso penal y no creada ex novo por este”, ha analizado Miguel Ongil, diputado de Podemos.
De hecho, el parlamentario de la formación morada ha afirmado que el Ejecutivo de Cifuentes ha maniobrado para “hacer creer al juez que la información se la solicita la Comisión de Investigación al órgano judicial”. Algo que niegan categóricamente, asegurando que en todo momento la oposición se ha dirigido a la Comunidad de Madrid y no al Poder Judicial. Es más, Ongil ha señalado que hay precedentes en los que la razón caería a favor de la oposición en casos similares.
