El Gobierno de Ayuso, sobre las condiciones a la OPA del BBVA: “Un nuevo peaje a los independentistas”

“No ha sido más que un nuevo peaje que ha querido pagar el Gobierno a los independentistas para poderse mantener en La Moncloa”, afirma García Martín.

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo. (Foto: Comunidad de Madrid)

    El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que las condiciones establecidas por el Gobierno a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell son “un nuevo peaje” a los partidos independentistas.

    Así lo ha dicho el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, preguntado al respecto tras la reunión del Consejo de Gobierno. Ayer, el Consejo de Ministros autorizó dicha operación bancaria con la condición de que, “durante los tres próximos años,” ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonios separados. También, “autonomía en la gestión de su actividad”.

    De esta manera, impone al BBVA que Sabadell sea un banco separado durante los citados tres años. Es decir, bloquea la fusión durante ese periodo.

    “Esto no ha sido más que un nuevo peaje que ha querido pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas para poderse mantener en el Palacio de la Moncloa y, además, hurtando la capacidad que tienen otros organismos que sí que tienen que velar, lógicamente, por este tipo de operaciones”, ha criticado García Martín.

    Para el consejero de Presidencia, ahora toca ver “qué tiene que decir” la Comisión Europea “sobre la forma de actuar que ha tenido el Gobierno”. Asimismo, ha lamentado la “intervención” que ha tenido el Ejecutivo de coalición en la OPA.

    “En este país solo estamos a lo que puedan necesitar aquellos que tienen la llave de la permanencia de Pedro Sánchez”, ha denunciado.

    Esta misma mañana, el BBVA se ha abierto a retirar la OPA al Sabadell tras las condiciones fijadas por el Gobierno. Tampoco ha descartado la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

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