Desde año 2008 los precios de la vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid no se revisan, recuerda la citada federación de asociaciones vecinales, que avanza que la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras propone ahora actualizarlos. Y lo hace, poniendo sobre la mesa una subida de precios.
En el caso de las viviendas de precio básico, este aumento “alcanza entre el 26% y el 36%”, mientras que en el de las viviendas de precio limitado, “está entre el 16% y el 26%, según las zonas en que se clasifican los municipios de la región”.
“Con ello pretende reactivar la promoción de viviendas con algún grado de protección, que en los últimos años ha sufrido un enorme declive”, detallan desde la FRAVM. Para ello, “la Consejería ha consultado a la asociación de promotores (ASPRIMA), pero ha optado por obviar a las organizaciones vecinales, sociales y sindicales de la región”, lamentan.
Desde este colectivo consideran que, “aunque necesaria”, la actualización de los precios que debe producirse “no se ajusta en modo alguno a la que plantea el Gobierno regional”. “El aumento resulta desmesurado e incurre en dislates como situar el precio del metro cuadrado de la vivienda con protección por encima del precio de mercado del metro cuadrado de la vivienda libre”. Así pasará, por ejemplo, en municipios como Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada y “gran parte de las localidades de menor población” de la Comunidad de Madrid.
“La revisión de precios entraña, además, que las rentas de alquiler de las viviendas con protección prácticamente se equiparen e incluso superen a los alquileres a precio de mercado”, alerta esta federación vecinal.
Golpe a las familias con bajos ingresos
Asimismo, la FRAVM denuncia que entre la documentación de la revisión de precios publicada en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid “no existe ningún estudio que avale los precios propuestos” por la Consejería y alerta que, de aplicarse, “dificultarán el acceso a la vivienda con protección a las familias de bajos ingresos”. Estas se verán “obligándolas a asumir tasas de esfuerzo (coste de la hipoteca o de la renta de alquiler, más los suministros, sobre los ingresos netos) muy superiores al 30%, el umbral que se considera el tope máximo deseable”.
Según afirman desde la FRAVM, “esta no es la forma de recuperar la promoción de la vivienda con protección en la Comunidad de Madrid” y abogan por el “aumento de la promoción directa de viviendas sociales en alquiler en la región y los municipios”. También reclaman que la Comunidad de Madrid y las administraciones municipales incentiven la construcción en los suelos urbanizables calificados para la construcción de viviendas con protección y, “en el supuesto de que los propietarios los retengan de manera especulativa”, procedan a aplicar las medidas previstas en la legislación del suelo. En concreto, “la expropiación por incumplimiento de los plazos”.
A su vez, llaman a impulsar la promoción de viviendas protegidas haciéndolas atractivas para los promotores y advierten que los constantes aumentos del precio de la vivienda libre dificultan alcanzar este objetivo.
Ley de Vivienda
Esta federación vecinal reclama que las administraciones “pongan fin” a la escalada de precios. Y lo hagan, “haciendo uso de las herramientas legales de las que disponen, como la recientemente aprobada Ley por el Derecho a la Vivienda”. Junto a esto, critica la negativa a desarrollarla que han mostrado tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
