Así lo ha expresado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, después de conocerse un borrador de la nueva ley que plantea multas que van desde los 15.000 euros hasta los 100.000 euros por la realización de “manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus” o por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias”.
Viciana ha afirmado que se considerará como oficial el texto una vez que este se haga público “en el momento oportuno que será lógicamente, el de audiencia e información pública”, mientras tanto considera que “no tiene sentido hacer ninguna valoración”, recoge Europa Press.
Sobre la convivencia en los campus, ha expresado que tienen la “misma preocupación” que han trasladado en otras ocasiones el Gobierno central, en su ley de convivencia universitaria de 2022, así como las normativas autonómicas de Galicia o Andalucía.
“Todas ellas hacen referencia a este tipo de cuestiones y nosotros nos limitamos a poner de manifiesto la necesidad de contar con un marco jurídico para poder establecer una serie de sanciones que ahora mismo no existen en el ámbito autonómico”, ha explicado.
Al hilo, el responsable educativo de la Comunidad de Madrid ha insistido en que actualmente se está en “un momento de trabajo muy intenso” con las propias universidades y los rectores, a la vez que ha insistido en su preocupación por garantizar que “se cumpla los derechos fundamentales y la libertad en los campos universitarios”.
