La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, posa durante una foto de familia durante el solemne acto de apertura del curso académico 2024/25 de las universidades madrileñas / Foto: Jesús Hellín - Europa Press
La Comunidad de Madrid, la última región de las 17 en adherirse al programa, acepta así las condiciones que había planteado el Ministerio de Ciencia y Universidades y ante las que mostró públicamente sus reticencias. Una de las principales quejas de la Consejería de Educación era que el acuerdo solo se ciñera a la figura del profesor ayudante doctor.
Esta misma semana el secretario de Estado del Ministerio, Juan Cruz Cigudosa, advirtió a la Comunidad de Madrid mediante un correo electrónico de que tenía que firmar en los mismos términos que lo hicieron el resto de comunidades autónomas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha dado cuenta de la autorización de la firma del convenio y ha lamentado «una vez más» la «imposición» que se ha producido por parte del Ministerio.
Así, ha criticado que el Gobierno central sea «muy solícito a la hora de negociar con los partidos independentistas y con aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña o con los herederos políticos de ETA» y, sin embargo, no «atiende a razones y no es capaz de negociar absolutamente una sola coma de un convenio que se firma entre distintas partes y una de esas partes era la propia Comunidad de Madrid».
«Parecía lógico y razonable que pudiéramos realizar aportaciones a un convenio que vamos a firmar, pero aquí hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor y, la verdad, que nos hemos quedado con lo malo», ha sostenido.
En este sentido, ha indicado que «el convenio no es que sea solo una imposición» sino que consideran que es «un instrumento completamente insuficiente, que no soluciona nada de los problemas que ha generado la propia ley, la propia LOSU (Ley Orgánica de Universidades)» y que, además, sigue «sin financiar de manera estructural las necesidades que tienen las universidades públicas madrileñas» y las de «todo el país».
Concretamente, el Ejecutivo madrileño ha autorizado la creación de 1.091 nuevas plazas de profesor ayudante doctor para «ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de las seis universidades públicas de la región, algunos de los cuales se incorporarán ya este curso».
De todas las plazas, un total de 435 serán financiadas íntegramente por el Gobierno regional, mientras que las demás serán subvencionadas por el Estado solo durante los 6 primeros años de contrato de esos docentes.
Pasado este sexenio, será la Comunidad de Madrid la que asumirá las nóminas del conjunto de los 1.091 profesores, estabilizando sus puestos durante sus respectivas carreras profesionales. Para poner en marcha esta iniciativa de inmediato, el Ejecutivo autonómico aportará anualmente 17,5 millones a partir del año 2025.
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