El Gobierno da el primer paso para nacionalizar el banco malo

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Autor: Pool Moncloa/César P Sendra

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb). Esta modificación “permitirá un posible aumento del peso del Estado en el capital social, hasta superar el 50%, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)”, señala la referencia de la reunión celebrada hoy.

La Sareb se creó en 2012 para sanear los balances bancarios y gestionar y liquidar los créditos e inmuebles de las entidades sujetas a restructuración como consecuencia de la crisis financiera. El llamado ‘banco malo’ nació en base a un real decreto que establecía que “en ningún caso” la participación pública en el conjunto de las participaciones directas o indirectas podía ser igual o superior al 50%.

Sin embargo, la reclasificación de la Sareb como unidad perteneciente al sector de las administraciones públicas, así como su situación patrimonial, “hacen imprescindible modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual”, señala el Gobierno. Esta modificación tiene como objetivos “adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional”.

Así, la norma aprobada hoy permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales, sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Dispondrá de un régimen societario específico con el fin de que pueda mantener la “agilidad necesaria” para llevar a cabo su función desinversora, si bien le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.

Actualmente el Estado controla el 45,9% de la Sareb a través del FROB. El resto del capital está en mano de accionistas privados: Santander tiene una participación del 22,23%, CaixaBank cuenta con el 12,24%, Sabadell tiene el 6,61%, Kutxabank un 2,53%, Ibercaja un 1,43%, Bankinter un 1,37%, Unicaja Banco un 1,27%, Cajamar un 1,21%, Mapfre un 1,11% y el resto se lo reparten otras entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.

Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros. Hasta entonces, había cancelado el 31,2% de la deuda emitida en su constitución, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones de euros, un importe que pasó a computar como deuda pública tras la decisión de Eurostat que estableció que debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público.

Responsabilidad social

De forma específica, la modificación del régimen jurídico permitirá incorporar también el “impacto social” dentro de los criterios de maximización de valor de la acción de la Sareb, “reforzando su capacidad de colaboración con organismos públicos y entidades no lucrativas con experiencia y competencias en el ámbito de la vivienda social”, señala el Gobierno.

Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios. Esta habilitación permite reforzar este compromiso, en aras de maximizar la utilidad social de estos inmuebles y el impacto positivo de la compañía en la sociedad.

Finalmente, se ajusta el sistema de supervisión a la nueva estructura jurídica de la compañía, manteniéndose el régimen de supervisión por parte del Banco de España.