«Muchas de las personas que Estados Unidos está expulsando o se propone expulsar son víctimas de las propias políticas expoliadoras de ese gobierno y cubren necesidades de mano de obra que históricamente ha tenido la agricultura, construcción, industria, los servicios y diversos sectores de la economía estadounidense. Otros son resultado de facilidades en la frontera para entrar al país, de normas selectivas, políticamente motivadas, que los acogen como refugiados y, también, del daño socioeconómico que provocan las medidas coercitivas unilaterales. Una parte importante contribuye y ha contribuido a la economía de ese país. Tienen empleo, cuentan con hogares, han creado familia y han proyectado sus respectivas vidas en Estados Unidos», añade.
Trump pidió ayer a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional que tomen «todas las medidas necesarias» para utilizar la base militar de Guantánamo como espacio para encerrar a migrantes irregulares mientras se organizan sus vuelos de repatriación.
Trump ha firmado una orden ejecutiva en la que pide que se adapte la base de Guantánamo para detener a «extranjeros criminales de alta prioridad» que estén «ilegalmente» en el país. «Este memorando se emite con el fin de detener la invasión fronteriza, desmantelar los cárteles criminales y restaurar la soberanía nacional», ha agregado.
El magnate ha asegurado en una declaración ante la prensa que Guantánamo tiene «30.000» camas para los «peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense». «Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente», ha señalado, agregando que esto acerca a Estados Unidos a «erradicar el flagelo de la delincuencia migratoria de una vez por todas».
El Gobierno cubano señala también que «el territorio donde se propone encerrarlos no pertenece a Estados Unidos. Es una porción del territorio de Cuba en la oriental provincia de Guantánamo, que permanece militarmente ocupada de modo ilegal y contra la voluntad de la nación cubana».
«Esa instalación militar se identifica a nivel internacional, entre otros motivos, por albergar allí un centro de tortura y detención indefinida, fuera de la jurisdicción de las cortes estadounidenses, donde han permanecido hasta 20 años personas nunca procesadas judicialmente, ni condenadas de ningún delito. Su empleo irresponsable generaría un escenario de riesgo e inseguridad en ese enclave ilegal y su entorno; amenazaría la paz y se prestaría para errores, accidentes y malas interpretaciones que podrían alterar la estabilidad y provocar serias consecuencias», apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores.
