El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
El Gobierno contempla aprobar antes de que acabe el año un real decreto para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los 900 euros en los que está fijado desde 2019 hasta los 1.000 euros, una medida que podría sacar adelante mediante real decreto (sin necesidad de recurrir a un real decreto-ley) y que, por ello, podría aprobar estando en funciones.
Por lo menos esto es lo que publica hoy vozpopuli.com que dice que le han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo que Pedro Sánchez baraja utilizar esta vía para aprobar la subida del SMI en caso de que no consiga ser investido antes del próximo 23 de septiembre. Recalcando que lo podría hacer antes de que se celebren elecciones o bien después, en caso de que él sea el más votado y no le dé tiempo a formar Gobierno antes de 2020.
El digital explica que el hecho de que el SMI pueda modificarse por real decreto, un reglamento con rango inferior a ley y que proviene del Consejo de Ministros basándose en las competencias que la Comisión Europea le atribuye, en lugar de necesitarse un real decreto-ley (que sí tiene rango de ley, se adopta por el Ejecutivo en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados), permitiría al Ejecutivo aprobarlo estando en funciones
Vozpopuli.com apunta que la subida del SMI, que previsiblemente será de los 900 euros actuales a 1.000 euros, iría acorde con lo pactado por los agentes sociales en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que firmaron los sindicatos y la patronal el 5 de julio de 2018 y en el que se comprometían que el SMI subiera de forma progresiva hasta los 14.000 euros anuales (1.000 euros al mes) desde entonces y hasta el año 2020.
Una potencial subida de 900 a 1.000 euros para 2020, supondría un incremento del 11% respecto a este año y del 36% en dos años.
Y recuerda que el Ministerio de Trabajo ha explicado de forma reiterada que el objetivo es cumplir con la Carta Social Europea, ratificada por España en 1980, que dispone que la cuantía del salario mínimo sea el 60% del salario medio de cada país.
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