Conforme al estudio del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo, la cuantía debería elevarse ahora a una horquilla entre 1.012 euros y 1.047 euros en 14 pagas de aquí a 2023 o, lo que es lo mismo, subir entre un 6,5% y 10,2%, para alcanzar el 60% del salario medio prometido por el Gobierno para la legislatura.
Tanto CCOO como UGT han apremiado a dar ya pasos con alzas inmediatas y este último sindicado ha anunciado, incluso, que podría abandonar las mesas de negociación si el Gobierno no ha abierto “un proceso de negociación serio” que garantice la subida íntegra durante la legislatura.
Mientras, entre los empresarios de CEOE y Cepyme, el discurso público es el de que “ahora no toca”, pese a la mejoría del empleo y el empuje de la economía previsto para el cierre de 2021.
El calendario apremia porque el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea es tener lista la reforma laboral y la primera parte de la correspondiente a pensiones para final de año. Son dos de los grandes hitos contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia a completar para que Bruselas desbloquee el primer desembolso semestral correspondiente a 2022 de los 69.500 millones de euros que espera recibir el país hasta el 2026, y según la hoja de ruta, eran temas a decidir además con el diálogo social.
El SMI es además un punto caliente que ha generado tensiones en el seno del Consejo de Ministros, con la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, proclive a retomar las alzas a un lado y al otro la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, posponiendo la decisión a una recuperación firme de economía y empleo, al ser «prioritario» la reinserción de los empleados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
La oportunidad la abrirán los datos de cierre de agosto, cuyo adelanto por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya llevó a Calviño a confiar en que los «buenos datos», de confirmarse, permitan “cuanto antes retomar” la senda de aumento del SMI.
RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
Con datos hasta mediados de agosto, el ministerio liderado por José Luis Escrivá auguró una recuperación del empleo prepandemia, gracias a un aumento superior a los 80.000 afiliados en la Seguridad Social, sobre todo, en el sector de la hostelería, educación y construcción.
Para entonces, los trabajadores en ERTE eran ya menos de 287.000 frente a los 3,6 millones máximos que estuvieron protegidos por este esquema laboral en el peor momento de restricciones y cierres en los negocios para evitar contagios por Covid.
Conforme a sus números, en solo cuatro meses habría crecido en más de 460.000 los trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Si se retrasa la decisión, el riesgo es tener que anunciar un aumento del coste empresarial con pérdidas de empleo atendiendo a lo que viene siendo habitual tras la campaña estival turística.
El número de personas desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de septiembre de 2020 se redujo en 26.329 frente al mes previo, firmando el mejor mes de su historia, y la reducción ascendió, incluso, a 66.518 personas en términos desestacionalizados.
Pero lo usual es justo lo contrario: que el desempleo crezca, con aumentos mensuales en un mes de septiembre más cercanos a los 20.000 o 25.000 empleados. En septiembre del 2015, por ejemplo, el paro registrado en el SEPE subió en 26.087 personas; en otras 22.081 en el mismo mes de 2016; en 2017 fue de 27.858 parados más y en el bienio 2018-2019 de 20.441 y 13.907 personas, respectivamente.
