El nuevo modelo de cotización por ingresos reales, recogido en el Real Decreto-ley 13/2022 y que entró en vigor en 2023, “preveía una implantación gradual según la cual, cada tres años, en el seno del diálogo social, se debe determinar el calendario de aplicación de este sistema con un nuevo despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización que, en esta ocasión, estarán vigentes entre 2026 y 2028”.
Así lo recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una nota, en la que señala que Suárez ha destacado que “el objetivo es mantener un sistema justo, comprensible y previsible, en un marco de diálogo, transparencia y responsabilidad”.
“En 2025 concluirá el primero de estos periodos transitorios, al tiempo que hemos finalizado el primer proceso de regularización de las cuotas correspondientes al ejercicio 2023 derivado de este nuevo sistema”. Según el secretario de Estado, “podemos decir que su implementación está siendo un éxito, en un contexto donde los autónomos tienen un peso cada vez mayor en nuestro mercado laboral, nunca en la historia hemos tenido tantos autónomos de alta en nuestro país, más de 3,4 millones. Desde 2023, cuando entró en vigor este sistema, el RETA registra 114.000 afiliados más”.
Balance primer proceso de regularización
El secretario de Estado ha puesto en contexto esta reforma, que tiene su origen en las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, y se integró en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. En 2022, tras un amplio acuerdo en la Mesa del Diálogo Social —con participación de sindicatos, patronal y asociaciones representativas del colectivo UPTA, ATA y UATAE— se aprobó su implantación. El RDL fue aprobado en el Congreso con más del 75 % de los votos favorables.
“Esta reforma responde a los principios de justicia contributiva, equidad progresiva y sostenibilidad, y pone fin a un sistema que suponía pensiones para los autónomos muy inferiores a las de los trabajadores asalariados”, ha indicado Suárez, que ha aportado datos como que más del 80% de estos trabajadores cotizaban por la base mínima, con pensiones hasta un 37% inferiores a las de otros regímenes y que en un 36% de los casos necesitan de complementos a mínimos.
Compatibilidad trabajo-pensión
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ha presentado además los primeros resultados de la nueva regulación para compatibilizar trabajo y pensión, acordado con los agentes sociales y que entró en vigor en abril de este año.
Las jubilaciones demoradas, representan ya el 11,4% del total de las nuevas altas, frente al 4,8% que suponían en 2019. Este cambio refleja el impacto de los incentivos a la demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, frente a los 64,4 años de 2019. Sólo en lo que va de año, el crecimiento interanual frente al acumulado en mayo de 24 nos muestra un crecimiento del 25,3% para las jubilaciones demoradas.
Borja Suárez ha repasado los objetivos de estas nuevas medidas que pasan por incrementar la flexibilidad en la combinación de trabajo y pensión, favorecer el acceso a la jubilación parcial y la activa, garantizar la posibilidad de una transición gradual del empleo hacia la jubilación, hacer que la jubilación demorada sea más atractiva y favorecer la extensión voluntaria de la vida laboral.
Para ello, las nuevas medidas pretenden garantizar un acceso justo a la jubilación parcial, mejorar los incentivos a la jubilación demorada y promover la jubilación activa.
En lo que se refiere a la jubilación activa, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa, lo que facilita su acceso y tiene una especial incidencia desde la perspectiva de género.
