La Generalitat podrá tener una deuda viva de un máximo de 4.000 millones de euros en 2020 hasta la aprobación de los Presupuestos del próximo año con el fin de garantizar los servicios públicos. Lo ha aprobado este martes el Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán en un Decreto ley sobre las necesidades financieras del sector público en momentos de prórroga presupuestaria, como ha anunciado la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó.
Ello permitirá a la Generalitat y a las entidades del sector público formalizar operaciones de deuda mientras no se aprueben las nuevas cuentas para hacer frente a las amortizaciones que vencen el próximo año y que, debido a su urgencia, no pueden aplazarse.
