La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero
La financiación de la Seguridad Social en 2021 contará con aportaciones del Estado por un volumen global de 31.177 millones de euros, según el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que ha presentado hoy en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Dentro de estas aportaciones destacan 13.929 millones de euros, “con el objeto de garantizar la sostenibilidad del Sistema [de pensiones] a medio y largo plazo” en cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Una de ellas para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor por importe de 2.785 millones de euros, otra para financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad Social por importe de 1.779 millones de euros y, la última, para financiar otros conceptos por importe de 9.365 millones de euros.
También destaca por su cuantía la transferencia destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mínimas con una dotación para 2021 de 7.075 millones de euros.
La aportación del Estado para financiar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social cuenta con un crédito de 2.751 millones de euros (incluido País Vasco y Navarra). Este crédito permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y del incremento de estas pensiones en un 1,8%.
El Estado transfiere a la Seguridad Social en 2021 para financiar las prestaciones no contributivas de protección a la familia un volumen de 1.414 millones de euros, lo que supone una reducción con respecto al ejercicio anterior por haber quedado incluidos dentro del campo de aplicación del Ingreso Mínimo Vital las familias con hijos menores de dieciocho años sin discapacidad a cargo de los beneficiarios.
Por otra parte, dada la situación financiera de la Seguridad Social, desde el Estado se dota un préstamo por importe de 13.830 millones de euros. Este importe es idéntico al que se recoge en el presupuesto base 2020, por lo que la mayor necesidad de financiación externa que la Seguridad Social presenta en el año 2021 (principalmente por el impacto de la pandemia), se atenderá por el Estado mediante un incremento estructural de sus transferencias, en cumplimiento también de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
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