En concreto, el Ministerio ha enviado hoy una carta a cada comunidad del régimen común para informarle del importe récord que les corresponderá el próximo ejercicio en concepto de entregas a cuenta en base a una “estimación conservadora”.
A esa cantidad, explica en una nota, hay que sumar la previsión de liquidación de 2024, que se sitúa en 13.506 millones. Por tanto, las comunidades recibirán un total de 169.560 millones del sistema de financiación en 2026, un nuevo récord que supera en un 7,2% los recursos que perciben este ejercicio.
“Certidumbre presupuestaria a las CCAA”
El objetivo del Ministerio que dirige María Jesús Montero con el envío de estas misivas es “dar certidumbre presupuestaria” a las administraciones autonómicas, ya que estos datos “servirán de orientación” a los gobiernos regionales para poder elaborar sus cuentas públicas de 2026.
Este miércoles las comunidades han recibido el pago de 9.952 millones por los atrasos de la no actualización de las entregas a cuenta de 2025 correspondiente a los meses de enero a junio. En este sentido, Hacienda recuerda que el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley en diciembre que incluía más recursos para las CCAA, pero “fue rechazado en enero en el Congreso con el voto en contra del PP”.
El Consejo de Ministros volvió a aprobar en junio un Real Decreto-ley con la actualización de las entregas a cuenta de 2025 “que, esta vez, sí fue convalidado por la Cámara Baja”.
De esta manera, esta transferencia de casi 10.000 millones se produce gracias a la aprobación de ese decreto y a la “decisión del Gobierno de desligar la actualización de las entregas a cuenta de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que el Ejecutivo del PP consideraba que no podía hacerse y los hechos han desmentido”.
A esto hay que unir que este jueves, 31 de julio, las autonomías van a recibir otros 11.648 millones del abono de la liquidación definitiva de 2023 del sistema de financiación. Es decir, en apenas dos días el Gobierno va a transferir 21.600 millones a los territorios, “lo que garantiza la calidad de los servicios públicos que prestan las comunidades y, por tanto, benefician a la mayoría social del país”.
