En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó que esta medida ahonda los compromisos ya adoptados con el sector del transporte, con el que se ha negociado en los últimos meses y con el que quedaban algunos asuntos por acometer.
A iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo ha aprobado un decreto para dar ‘luz verde’ a esta nueva Ley de la Cadena del Transporte, que trata de corregir las imperfecciones del sistema que afectan a la parte con menos capacidad de negociación.
Esta parte son los transportistas, que al estar atomizados, en su principal mayoría como autónomos, pactan condiciones negativas con su clientes, generalmente con mayor poder, por lo que al final acaban trabajando a pérdidas para evitar la competencia.
Entre las principales disposiciones se encuentra la obligatoriedad de recoger los contratos por escrito en los que aparezca el precio del servicio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes, en referencia a un sistema de precios que el propio Ministerio ya publica.
Para asegurar que esta medida se cumple, se han aprobado nuevas infracciones y sanciones respecto a esta obligaciones y el Gobierno ha adquirido el compromiso de ampliar el código de buenas prácticas del sector sobre las subcontrataciones.
Esta último elemento es el que más discrepancias ha tenido en las negociaciones entre el Ministerio y el sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Finalmente, el Gobierno ha dado más tiempo y ha prometido analizar en seis meses la efectividad de estas medidas y a presentar un proyecto de ley sobre la subcontratación.
Respecto a la ampliación solicitada por el CNTC a 40 céntimos de la bonificación actual de 20 céntimos al carburante, el Ministerio defiende que sería inviable dada la normativa fiscal europea.
Asimismo, el Ejecutivo ha vuelto a aprobar otro paquete de ayudas directas, mediante un préstamo extraordinario de 450 millones de euros, que se traducirán en 1.250 euros por camión, 950 por autocar, 500 euros por furgoneta, 300 por taxi, VTC y ambulancia y 400 a los autobuses urbanos.
Por otra parte, en el ámbito marítimo, el Gobierno ha autorizado una disposición para considerar a los ucranianos como equivalentes a ciudadanos europeos y ha autorizado a las navieras españolas a contratar servicios de seguridad privada a empresas extranjeras para su protección ante casos de piratería.
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