El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Palacio de la Moncloa.
En una breve declaración sin preguntas tras una reunión de cuatro horas del Consejo de Ministros, Sánchez ha explicado que se trata de “indultos parciales”, ya que, aunque “conmutamos las penas de prisión”, sí “se mantiene la inhabilitación”. Además, están condicionados a “que no se cometan delitos graves en un plazo de tiempo determinado”.
Según ha relatado, “las razones de utilidad pública que motiva esta decisión tienen que ver con la necesidad de reestablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española”. Tal y ha continuado el presidente, el Gobierno ha tomado esta decisión porque “es la mejor para Cataluña, es la mejor para España” y ha apelado al “espíritu de concordia”. “Cataluña sin España no sería europea, España sin Cataluña no sería España”, ha señalado.
El jefe del Ejecutivo ha aclarado además que esta medida de gracia “no exige que los beneficiados deban cambiar sus ideas”. “No esperamos tal cosa”, ha apuntado, ya que “jamás fueron sancionados por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”. Asimismo, ha asegurado que su Gobierno “trabaja y va a seguir trabajando por el entendimiento y nunca por el enfrentamiento” y quiere abrir “un nuevo tiempo de diálogo” en el que “tender puentes de concordia”.
“En este día miramos al futuro con más optimismo”, ha continuado Sánchez, que cree que “es el momento de la política” y “de pasar página” volviendo “a la vía que nunca se debió abandonar”. “Con esta vía queremos abrir una nueva etapa de diálogo y cerrar la división y el enfrentamiento”, ha concluido.
Tal y como se esperaba, el Gobierno ha aprobado en la reunión de hoy del Consejo de Ministros nueve reales decretos (uno por cada condenado) con los indultos para los nueve condenados del ‘procés’ que todavía seguían en la cárcel. Entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras. Los expedientes contemplan la extinción de las penas de prisión que les resta por cumplir a los condenados, y fijan un periodo de seguridad de entre tres y seis años que condiciona el perdón a que no vuelvan a reincidir en el delito.
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