José Luis Escrivá y María Jesús Montero en una comparecencia tras el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley por el que las pensiones se revalorizan, con carácter general, un 0,9% para este año, salvo en el caso de las no contributivas, que suben un 1,8%, según ha anunciado hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha recordado que a partir del próximo año las pensiones volverán a estar ligadas al IPC.
Esta subida, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para este año y cuyo coste rondará los 1.500 millones de euros, ya se ha aplicado en la nómina de las pensiones de enero y supondrá un aumento de las prestaciones para 11,1 millones de pensionistas, según ha destacado Escrivá, que ha recordado que será la última vez que el Gobierno deberá “corregir” ad hoc la “supuesta reforma de las pensiones” del PP.
Esto será así gracias al cambio de la Ley General de Seguridad Social que negocia el Gobierno con los agentes sociales en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo para vincular la revalorización de las pensiones al IPC. La “fórmula” está actualmente en negociación aunque el ministro espera poder trasladarla al Congreso en los próximos meses.
Junto a la revalorización de las pensiones, la norma prorroga la cláusula de salvaguarda para la jubilación, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, una medida que Escrivá ha calificado de «justicia» y que permitirá que a todos los trabajadores que salieron del mercado laboral en la anterior crisis se les aplique el régimen de jubilación preexistente antes de la reforma de pensiones de 2011.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya confirmó el pasado 29 de diciembre que se prorrogaría esta cláusula para 2021.
Con la aprobación de la prórroga aprobada por el Gobierno, se garantiza, con efectos desde el 1 de enero, la aplicación de la normativa previa a la reforma de 2011 para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 y no pudieron incorporarse a un empleo después.
Esta situación está condicionada a que después de esa fecha ninguna de estas personas haya sido incluida en algún régimen de la Seguridad Social.
También pueden acogerse las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013.
Asimismo, se mantiene el derecho a elegir opción, de forma que estas personas podrán optar por la legislación vigente actualmente.
Con esta medida, se busca proteger a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones.
La reforma de pensiones de 2013 limitó temporalmente el efecto de la cláusula de salvaguarda que, desde entonces, se viene prorrogando anualmente y cuyos efectos caducaron el pasado 31 de diciembre.
Por último, el decreto aprobado este martes incluye varias medidas de simplificación administrativa y de intercambio de datos con otras administraciones con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilizar los trámites en el ámbito de la Seguridad Social.
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