La ministra Ana Redondo discute la impugnación de una medida en Madrid sobre el aborto. Su discurso resalta la defensa de los derechos de las mujeres.
El Gobierno da luz verde al proyecto de reforma para “constitucionalizar la vertiente prestacional” del derecho al aborto tras solicitar al Consejo de Estado la emisión del dictamen preceptivo sobre la propuesta, recibido el 9 de marzo de este año. De esta forma, se ha elevado ahora al Consejo de Ministras y Ministros, que incorpora las mejoras realizadas por el Consejo de Estado y propone añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución con el siguiente tenor literal:
“Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.
La nueva redacción, detalla Igualdad en una nota, “constitucionaliza con claridad la vertiente prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al tiempo que la libertad de decisión de la mujer queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estableciendo que los poderes públicos deben garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad real y efectiva”.
Al Congreso y al Senado
A partir de este momento, la reforma del Gobierno seguirá los “cauces establecidos”, conforme a la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. “En caso de descuerdo”, afirma, “sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación”. De no lograrse, el texto podría aprobarse, por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Según el departamento de Ana Redondo, con esta reforma constitucional, “el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo queda reforzado con la obligación, indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”.
“España avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a dinámicas regresivas y vuelve a colocarse a la vanguardia de los países europeos más avanzados en la protección de los derechos de las mujeres”, destaca.
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