Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el Congreso de los Diputados. (Foto: Congreso)
Así lo adelantan fuentes del departamento de Ione Belarra, que defienden que el decreto busca “hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo, y regula para ello una serie de ayudas económicas”. En total, y tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid, las recibirán 130 personas.
El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. De esta manera, para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018).
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación Del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.
La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó gravísimas malformaciones connatales. Los efectos adversos se conocieron a partir de 1961.
Desde Derechos Sociales destacan que “el franquismo silenció el asunto”. “Optó por no actuar frente a las farmacéuticas y negó que el medicamento se hubiera utilizado en España, a pesar de que posteriormente se ha reconocido su comercialización y prescripción al menos entre 1959 y 1965”, remarca.
Hasta la fecha, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas.
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