Con el decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad y será «imposible» a partir de la aprobación de esta normativa que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de 3 años. «No es razonable ni bueno para las administraciones públicas», ha remarcado el ministro.
Así lo ha anunciado Iceta en la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados durante la interpelación de la diputada de CC, Ana Oramas, del Grupo Mixto, sobre la solución que va a dar el Gobierno a la situación de «fraude de ley por abuso de temporalidad» de los empleados públicos tanto en Canarias como en el resto del Estado.
La aprobación de este decreto verá la luz después de que este jueves el Gobierno presente su propuesta a la Conferencia Sectorial de la Administración Pública en la que están representados todos los consejeros de las comunidades autónomas, que deberán trasladar su apoyo o no al Ejecutivo.
Iceta ha aclarado que el Gobierno no puede hacer por ley a un funcionario a alguien que no lo es y ha explicado que podrán serlo a través del que espera que sea el último proceso de estabilización. Además, ha detallado que incluso aquellos que no superen esa prueba, podrán seguir formando parte de las bolsas de interinos que las comunidades autónomas precisen.
CONCURSOS DE OPOSICIÓN ESPECIALES PARA LOS INTERINOS
El proceso de estabilización se va a hacer a través de unos concursos de oposición especiales en los que va a contar la experiencia en ese proceso de trabajo concreto que se saca a concurso de oposición, según ha adelantado Iceta.
Incluso se va a dar margen a las comunidades autónomas y entidades locales para que en vez de concursos de oposición, sea solo concurso. Además, para favorecer los tribunales de los concursos en entidades locales muy pequeñas, se va a permitir que puedan establecerlos, si lo quieren, por las diputaciones provinciales.
LAS COMPENSACIONES Y SANCIONES NO SERÁN RETROACTIVAS
Según el ministro, también se está trabajando y recogiendo aportaciones sobre mecanismos para compensar a las personas afectadas por fraude de ley y castigar a las administraciones que muestren «desidia, desinterés o culpa» en la comisión de ese fraude e «injusticia» hacia esas personas.
No obstante, ha detallado que en este caso, tanto las compensaciones, como las sanciones se hará a futuro. «No podemos aprobar retroactivamente indemnizaciones ni sanciones para nadie», ha aclarado.
PIDE APOYO POLÍTICO Y DICE QUE HAY «DISPUTAS EN CIFRAS DE AFECTADOS
La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha denunciado que actualmente hay un millón de trabajadores temporales en el sector público, de los que 700.000 son mujeres. «Los partidos políticos somos responsables todos de esta situación», ha lamentado.
Ante esto, Iceta ha instado a los grupos a establecer una negociación y les ha pedido que antes escuchen a los responsables públicos de todos los partidos de todas las administraciones.
Sobre los datos, Iceta ha matizado que en las cifras «hay disputas», porque mientras Oramas habla de un millón de afectados, las primeras aproximaciones del Ejecutivo apuntaban a 800.000 y ahora con los últimos balances que recoge el Ministerio, tras consultar con todas las administraciones, apuntan a que son 310.000.
