Todavía se desconoce qué decisión adoptará el Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el que se paga a la hora de firmar la hipoteca, pero el Gobierno ya hace cálculos para evitar que acabe suponiendo un agujero a las arcas públicas. En ese sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calculado hoy un impacto de 5.000 millones de euros si se confirma el fallo que obliga a los bancos abonar este gravamen y se impone una retroactividad de cuatro años.
Montero, que ha participado en un desayuno informativo organizado por el Foro Cinco Días, se ha referido a un impacto “del entorno de los 5.000 millones de euros en las arcas públicas”, por lo que “habrá que hacer compatible que la devolución de ese dinero a los ciudadanos también coincida con la reclamación a las entidades financieras para que ese déficit no lo tengan que soportar las cuentas públicas”.
Tal y como ha añadido la ministra, si las arcas públicas tuvieran que soportar estos 5.000 millones, se traduciría en “cuatro o cinco décimas del objetivo de déficit”. Aunque sería “una situación excepcional”, podría “poner en riesgo la salida del procedimiento de déficit excesivo”, ha relatado Montero.
En ese sentido, la responsable de Hacienda considera que “tenemos que compatibilizar los derechos de los ciudadanos, hablar con las entidades financieras para determinar los mecanismos, y también hablar con Bruselas para que facilitarle el trabajo a los ciudadanos no implique un impacto sobre las cuentas públicas”.
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debate desde ayer sobre quién debe pagar este impuesto de las hipotecas: si los clientes, como hasta el momento, o los bancos, como apuntó el cambio de doctrina del alto tribunal en una reciente sentencia que quedó en el congelador. En caso de que se confirme el cambio de doctrina, los magistrados deberán decidir también sobre su retroactividad.
