La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto
El Gobierno ha comenzado a analizar las alegaciones presentadas por las administraciones, representantes de los trabajadores y las empresas industriales sobre el borrador del estatuto de la industria electrointensiva, presentado recientemente por el Ejecutivo, con el fin de aprobarlo «lo antes posible».
Así lo ha avanzado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el Senado, donde ha defendido la propuesta de su Gobierno como un instrumento «realista, que ofrece un marco estable, riguroso y de confianza para aliviar el problema de la industria electrointensiva».
En su respuesta al senador del PP José Manuel Barreiro, la ministra ha asegurado que su Gobierno apuesta por la industria «decididamente y con la constancia y el rigor con el que lo ha estado haciendo hasta ahora».
Barreiro, sin embargo, ha afirmado que hasta el año 2018 se creaban cauces «favorables» para llevar a cabo la actividad industrial, pero, con la llegada del nuevo Gobierno, eso se «rompió», debido a la falta de sensibilidad y a que no se han aportado soluciones.
En concreto, ha resaltado que el borrador del estatuto presentado por el Gobierno «no resuelve los problemas», una opinión que ha afirmado compartir con el conjunto del sector, sindicatos y administraciones públicas. Por ello, ha instado a la ministra a que acepte las alegaciones presentadas por tres comunidades (Galicia, Asturias y Cantabria) gobernadas por tres formaciones políticas diferentes.
La ministra, de su lado, ha puesto en valor la recuperación del Ministerio de Industria en 2018 con el fin de situarla como una «prioridad», o la presentación de hasta ocho agendas sectoriales elaboradas de forma conjunta con las organizaciones industriales.
En esta línea, Maroto ha señalado que el Gobierno del PP prometió una respuesta a Alcoa en 2013 y que los trabajadores tuvieron que esperar cinco años a la llegada de otro Ejecutivo para ofrecer una solución.
Además, ha recordado que, en la anterior legislatura de Pedro Sánchez, el Ejecutivo tuvo que hacer un esfuerzo presupuestario «enorme», ya que las compensaciones de costes por la reducción de dióxido de carbono (CO2) contaban con 6 millones de euros y lo aumentaron a 172 millones, el «mayor importe anual concedido hasta la fecha», ha defendido Maroto.
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