La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy el anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, una norma mediante la cual el Gobierno ampliará la lista de paraísos fiscales y pondrá coto a las operaciones de venta de criptomonedas. Asimismo se reducirán los umbrales para entrar en la lista de morosos con Hacienda.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha detallado algunos de los temas que contemplará la nueva legislación, entre ellos en el que se establecerán nuevas obligaciones de información sobre la tenencia de monedas virtuales, como el popular bitcoin. En cuanto entre en vigor, será “obligatorio” informar a la agencia tributaria de las operaciones que se realicen con criptomonedas, así como declarar las tenencias en el exterior.
Asimismo, se amplía el “concepto de paraíso fiscal” habilitando al Gobierno a aumentar la lista: si hasta ahora entraban sólo los países con baja o nula tributación, ha explicado Montero, a partir de la entrada en vigor del anteproyecto se pondrá el foco en otros asuntos como “la colaboración” con el resto de países en materia tributaria. Así, en la nueva lista de paraísos fiscales entrarán algunos países que “destacan por su opacidad o falta de transparencia”.
Otra lista que se modificará es la de morosos, en la que aparecerán los nombres de los contribuyentes que adeuden a la administración pública al menos 600.000 euros, cuando hasta ahora el umbral se situaba en un millón de euros.
El Gobierno creará además una unidad de control de grandes patrimonios, con 200 nuevos funcionarios, y limitará el pago en efectivo entre profesionales, pasando de 2.500 a 1.000 euros. También se aplicarán medidas para evitar que las multinacionales eviten el traslado de sus beneficios fuera de España y para evitar la comercialización y uso de software de doble uso.
Dentro de las medidas contra el fraude, Montero ha anunciado una “medida significativa”, que no será otra que la “prohibición legal de las amnistías fiscales”, con el objetivo de que “no se vuelva a producir una situación tan vergonzosa como la de 2012”.
Mediante todas las medidas contra el fraude el Gobierno espera recaudar 828 millones de euros más para las arcas públicas.
