El Gobierno y la Generalitat pactan la ampliación del Aeropuerto de El Prat con una inversión de 1.700 millones de euros

Así lo destacó durante su comparecencia al término de la reunión de la Comisión, celebrada en la sede del Ministerio, en lo que, a su juicio, ha sido “un buen comienzo de reactivación de las conversaciones, del diálogo con la comunidad autónoma de Cataluña, en un marco de la necesidad de estar juntos, de estar todos unidos, de que nadie quede atrás en la reactivación económica de nuestro país”.

La cita estuvo precedida y marcada por el acuerdo alcanzado horas antes para la ampliación del Aeropuerto del Prat como un ‘hub’ internacional para la movilidad aérea, “con una inversión de 1.700 millones, que supondrá la creación de 83.000 empleos directos, y hasta 365.000 empleos totales”, subrayó Isabel Rodríguez.

Ese acuerdo alcanzado entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno permitirá también llevar el AVE a los aeropuertos de Reus y Girona, y ha sido negociado en una cita específica entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el vicepresidente del Govern y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, destacó del encuentro de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat “el hecho de habernos reunido”, y subrayó que “se recupera la normalidad en las relaciones bilaterales entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña”.

Es el objetivo del Gobierno, afirmó Rodríguez, “llegar a todos los territorios, que las instituciones estemos al servicios de las personas”, y destacó que “el contenido de la propia reunión estaba pensado sobre todo en la ciudadanía catalana”.

Para la ministra, la reunión ha sido “muy ejecutiva”, por el trabajo previo realizado entre ambos equipos, y resumió los cinco acuerdos más relevantes que “estarán avalados por un calendario de trabajo para el próximo semestre”.

El primer punto se enmarca “en el ámbito de reducir la conflictividad institucional”, señaló Rodríguez, que subrayó que la prioridad del Ejecutivo es llegar a pactos en lo que se refiere a “la normativa autonómica que debe ser revisada por el Ministerio de Política Territorial”, a fin de evitar recurrir al Tribunal Constitucional.

El segundo acuerdo “se traduce en la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de becas y ayudas para el estudio”. El tercer acuerdo prevé crear un grupo de trabajo que estudie la viabilidad de otros traspasos en materia, por ejemplo, “de formación sanitaria especializada, formación profesional, salvamento marítimo o legislación laboral”. En definitiva, afirmó, “todos los traspasos que puedan abordarse y que sean viables».

Un cuarto acuerdo es la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, y el quinto es reactivar la Comisión de Inversiones en Infraestructuras y crear un grupo de trabajo para abordar las trasferencias de los servicios de viajeros de ferrocarril, de cercanías y regionales sobre la red de ancho ibérico.