El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este martes que su Ministerio convocará a los agentes sociales la próxima semana para tomar una decisión definitiva sobre la Ley de trabajadores de plataformas digitales, conocida como Ley de riders, y que, aunque su propósito es alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, “la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo”.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa para valorar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, donde ha insistido en que en el caso de que no haya acuerdo, “aunque es un escenario al que no le gustaría enfrentarse”, el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación entorno a la naturaleza jurídica de los trabajadores conocidos como riders.
El pasado 20 de enero, el Ejecutivo pidió a patronal y sindicatos que se fuese cerrando el texto de la ley de plataformas digitales. En el último encuentro que se celebró, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz presentó un nuevo documento y pidió que la próxima reunión que se celebrara fuera para cerrar ya el texto de esta normativa.
Como novedad, recoge Europa Press, en el texto presentado se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos.
Además, en la redacción sigue presente que se establezca una condición de laboralidad, conforme se plasmaba en la sentencia del Tribunal Supremo. La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.
También se mantiene el observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios.
Este observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del registro de plataformas digitales, y seguirá la evolución de la actuación de éstas, “constituyéndose en el órgano de interlocución permanente en esta materia entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”, señaló el Gobierno en su última propuesta.
La composición, la forma de designación de sus miembros y su régimen de funcionamiento se establecerá mediante una orden ministerial.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, apuntó hace unas semanas que ley de plataformas digitales será la próxima reforma en materia laboral que aprobará el Gobierno y confirmó que esta normativa forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas.
El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.
Así, el Supremo sostuvo que Glovo no es una “mera intermediaria” en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.
