El FROB rentabiliza (al menos de momento) el EPA de Banco de Valencia

Casi cinco años después de la intervención de Banco de Valencia, la cartera de activos tóxicos que asumió CaixaBank cuando se hizo con la entidad levantina por el precio simbólico de un euro ha tenido una evolución mejor de lo temido inicialmente. Tanto es así, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por el momento no sólo no ha tenido que realizar desembolso alguno por el esquema de protección de activos (EPA) que otorgó a la entidad catalana, sino que además ha cobrado una comisión por el mismo.

Tal y como detalla el fondo de rescate en su ‘Memoria Anual’ de 2016, el 27 de noviembre de 2012, el FROB concedió un EPA al comprador de Banco de Valencia, con vencimiento el 30 de septiembre de 2022, por el que se cubría el 72,5% de las pérdidas que pudieran derivarse de una cartera cerrada de activos que ascendía inicialmente a 6.424 millones de euros, con un umbral de primera pérdida por importe de 402 millones de euros.

Como consecuencia de dos reducciones y una subsanación de perímetro realizadas en abril y agosto del siguiente año (2013), así como el octubre de 2016, estos importes pasaron a ser de 5.192 millones y 212 millones de euros, respectivamente.

Sin embargo, “hasta la fecha”, el FROB no ha realizado ningún pago a CaixaBank por la garantía del EPA, ya que el umbral de primera pérdida –es decir, los ya mencionados 212 millones de euros- es superior a las pérdidas netas materializadas a 31 de diciembre de 2016, y que ascendieron a 175 millones de euros.

Por otro lado, el fondo de rescate destaca en su ‘Memoria Anual’ que ha cobrado hasta la fecha un total de 1,5 millones de euros en concepto de comisión anual del EPA.

No obstante, la factura de Banco de Valencia ha sido alta para las arcas públicas. Antes de su venta por un euro a CaixaBank, el FROB suscribió una ampliación de capital en el banco regional por un importe de 4.500 millones de euros. De esta forma, la reestructuración y venta del Banco de Valencia se saldó con un coste de 5.500 millones de euros, ya que el fondo de rescate había inyectado de emergencia meses antes otros 1.000 millones de euros a través de una ampliación de capital.

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