El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, espera que “en las próximas semanas” se conozca el informe definitivo de Deloitte sobre la resolución de Banco Popular. Este informe, esperado inicialmente para el primer trimestre, evaluará si los antiguos accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular podrían haber recibido un trato mejor en el caso de que la entidad hubiera sido liquidada mediante un procedimiento nacional de insolvencia.
Ponce, que ha comparecido en la Comisión de Presupuestos del Congreso con casi dos horas de retraso sobre el horario previsto, ha valorado que la publicación de este informe podría ser “inminente”. Además, ha insistido en que el Popular “no costó ni un euro en los términos de la resolución”, mientras que sólo dos semanas después “nuestros colegas italianos movilizaron 5.000 millones sólo dos semanas” para rescatar varias entidades.
Sí ha reconocido que puede existir un “impacto en las cuentas públicas por los DTA (activos fiscales diferidos)”, pero ha matizado que el marco legal y jurídico ya existía. “No es novedoso ni se deriva de la intervención del Popular”, ha explicado. Aunque “es cierto que pueden haber aparecido pérdidas contables”, Ponce ha explicado el FROB “no tiene información directa” sobre el uso de los DTA monetizables, aunque ha otorgado credibilidad a las informaciones que apuntan a una cifra de unos 2.000 millones de euros.
Por otro lado, Ponce se ha mostrado convencido de que la Sareb, el ‘banco malo’ que aglutina los activos inmobiliarios de las cajas rescatadas, logrará cumplir su plan de negocio. Este plan contempla que la sociedad “será capaz de generar ingresos suficientes para devolver toda la deuda avalada por el Estado”. En cuanto a la inversión inicial –un 45% del banco malo es controlado por el Estado a través del FROB-, se ha limitado a señalar que podría lograrse “cierta recuperabilidad de estas inversiones”, si bien no ha dado ninguna cifra.
“Se ha hecho un esfuerzo razonable de prudencia”, ha valorado, mientras que respecto al polémico swap contratado por el ‘banco malo’, que ha tenido un impacto negativo a día de hoy de 2.000 millones de euros, el presidente del FROB ha recordado que “la evolución habrá que verla en los últimos cinco años”.
En lo que se refiere al proceso de privatización de Bankia, Ponce ha señalado que el FROB trabaja con el objetivo de completar su salida del accionariado en 2019, como establece la ley, si bien ha reconocido que “en nuestros elementos de juicio” se incluye la posibilidad de que el Gobierno apruebe una prórroga a este plazo, como ya hizo la última vez. En todo caso, ha desmentido que haya ya una fecha prevista para realizar la venta de un nuevo paquete de acciones, sino que el fondo de rescate realiza un “seguimiento continuo” del mercado para identificar oportunidades que permitan maximizar la recuperación de las ayudas públicas.
