Jaime Ponce, presidente del FROB, durante su intervención en el Curso de Economía organizado por la APIE en la UIMP
Bankia tenía que haber vuelto a manos privadas en 2017, pero las dificultades que se encontraron los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para encontrar un momento del mercado propicio llevaron a que el plazo se prorrogase en dos ocasiones, hasta 2021. Y todo parece indicar que no habrá dos sin tres.
El presidente del FROB, Jaime Ponce, ha reiterado hoy que “nuestra posición es de desinversión”, pero es cierto que “en el corto plazo las condiciones del mercadono son las mejores” para avanzar en la privatización de Bankia. Aunque “no dejamos de monitorizar el mercado”, Ponce ha reconocido que la desinversión tiene actualmente un plazo extendido hasta 2021 y el Gobierno tiene una “capacidad flexible” de volverlo a extender si lo considera necesario.
Ponce, que ha intervenido en el ‘Encuentro Financiero’ que cada año organiza la APIE bajo el patrocinio de BBVA en la UIMP de Santander, ha descartado que la Sareb vaya a necesitar una nueva inyección de dinero para seguir adelante. Según ha destacado que el denominado banco malo “cuenta con más de la mitad de los recursos propios con los que inició su camino” y “nada hace indicar que vaya a necesitar recursos propios adicionales”. Además, “su labor de enajenación de los bienes maximizando el valor no parece que vaya a verse alterada”.
“El nivel de acceso a la información relevante es francamente elevado”, ha señalado el presidente del FROB también al ser preguntado sobre la política de transparencia de la JUR respecto a Banco Popular. “Es una cuestión no tanto de horizonte como de velocidad”, ha destacado al recordar que el fondo de rescate publicó la misma mañana de la intervención la decisión, mientras que la autoridad europea evaluó los límites entre los intereses del comprador.
Durante su intervención inicial, Ponce ha aprovechado el décimo aniversario que cumple el fondo de rescate para hacer un repaso de sus actuaciones en este tiempo. El FROB ha inyectado en la banca a través de diferentes rescates 54.353 millones de euros, a los que se sumarían otros 2.192 millones en la Sareb, para dar como resultado una factura total de 56.545 millones de euros. La institución ha elevado además 57 informes a la Fiscalía sobre conductas “potencialmente irregulares” por parte de los gestores de las entidades rescatadas.
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