El Consejo General de Economistas (CGE) estima que el fraude fiscal supone un coste de 25.648 millones de euros a la Hacienda española, según contempla un estudio de ‘Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones’ presentado esta mañana por el presidente del Consejo Valentín Pich y recogido por Europa Press.
El fraude fiscal en España alcanza el 16% de la actividad total, lo que supone unos 168.000 millones, según los cálculos del Consejo, que ha realizado una veintena de propuestas para combatirlo, entre ellas mejorar la eficiencia de la Agencia Tributaria y facilitar las regularizaciones “espontáneas”.
Pich ha explicado, no obstante, que algunos estudios elevan estas cifras hasta más de 200.000 millones de euros y otros consideran que supera por poco los 120.000 millones de euros y que la recaudación perdida está en torno a los 40.000 millones de euros.
El economista y coautor del estudio, Jesús Quintas, ha señalado, por su parte, que hay un problema de definición y de detección porque ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo para definir el concepto de fraude fiscal, si bien la economía sumergida es un “concepto económico” y es algo “oculto”, pero puede no generar una repercusión en la recaudación significativa, mientras que el fraude fiscal es un concepto jurídico y supone el incumplimiento de las normas de aplicación de los tributos y es “muy difícil de captar por las estadísticas”.
Los expertos del Consejo recomiendan intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de manera especial a los nuevos empresarios, hacer una “rápida difusión” de criterios interpretativos e intensificar la relación cooperativa.
Por otra parte, el Consejo ha presentado también un informe sobre la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2016 y las novedades en 2017. En este sentido, considera que la recaudación que se puede llegar a lograr de este tributo en la actualidad se sitúa entre los 20.000 y los 25.000 millones de euros.
