Sede del FMI
El último informe del FMI sobre la economía de la eurozona, presentado en Luxemburgo ante los ministros de Finanzas del área del euro, lanza una advertencia directa: sin reformas fiscales ambiciosas, los países más endeudados podrían poner en riesgo su sostenibilidad financiera. El organismo pone el foco en la necesidad de reformas que, además de reducir el déficit, sean compatibles con el crecimiento económico, en un momento en el que el gasto público se ve tensionado por factores estructurales como la transición energética, la seguridad y el envejecimiento demográfico.
España figura entre los países señalados por el FMI por tener una deuda pública elevada y un espacio fiscal reducido. En este contexto, el organismo internacional recomienda realizar un ajuste fiscal estructural significativo, especialmente de cara a lograr un superávit estructural primario del 1,4% del PIB para 2030.
Esta meta exige una reducción adicional del déficit cercana a dos puntos porcentuales del PIB en el periodo 2024-2030 respecto al escenario actual
El Fondo recuerda que los países con más margen fiscal, como Alemania, podrían posponer este ajuste, mientras que otros, como España, deben actuar con mayor urgencia.
El informe destaca que el gasto público europeo sufrirá un aumento sostenido hasta 2050 por causas estructurales. Entre ellas, el envejecimiento de la población, el aumento de los costes de los intereses de la deuda, la transición climática y los mayores gastos en seguridad y defensa.
Según las previsiones del FMI, estas presiones podrían alcanzar un 4,4% del PIB anual en el conjunto de la eurozona de aquí a 2050
En este sentido, el FMI advierte de que una consolidación fiscal es “necesaria”, aunque reconoce que implicará tomar decisiones “complejas” que deberán equilibrar disciplina fiscal y necesidades sociales y geoestratégicas.
El aumento del gasto en defensa, impulsado por la guerra en Ucrania y los compromisos de la OTAN, ha elevado el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. El FMI pide a la Comisión Europea y a los países comunitarios que evalúen bien este impacto y elaboren planes realistas para reducir la deuda a medio plazo.
Este matiz es clave en el contexto del nuevo marco fiscal comunitario, que introduce límites más estrictos al déficit y la deuda, pero que también busca dar margen para inversiones estratégicas.
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