José Manuel Villarejo
Según el fiscal César de Rivas, las pruebas recabadas demuestran que los servicios contratados tenían como objetivo investigar y vigilar a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, en un contexto de lucha por el control accionario de Repsol en 2011.
El juicio que enfrenta Villarejo examina los trabajos que este realizó para Repsol y Caixabank en el ‘proyecto Wine’, en el que ambas compañías trataron de proteger sus intereses frente a la estrategia de Sacyr de aumentar su participación en Repsol. Según la Fiscalía, en una primera fase del contrato, en 2011, el encargo se centró en Luis del Rivero, quien lideraba un pacto de accionistas para tomar el control de la petrolera.
El fiscal ha señalado que el primer informe de este operativo, denominado ‘River’, dejaba claro que el objetivo era el control integral de Del Rivero, lo que evidencia que Villarejo utilizó sus recursos y conocimientos policiales para favorecer a sus clientes.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Villarejo una condena de 40 años y 6 meses de prisión por cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil. De Rivas ha enfatizado que la documentación probatoria del caso es coherente y no ha sido refutada por los acusados.
«Villarejo vendió su condición de policía y Repsol y Caixabank la compraron», ha sentenciado el fiscal, dejando claro que el excomisario habría utilizado su posición para favorecer intereses privados.
Este caso pone el foco no solo en Villarejo, sino también en la implicación de grandes corporaciones como Repsol y Caixabank, que habrían recurrido a sus servicios para espiar a un alto directivo rival. Aunque el proceso penal se centra en el papel del excomisario, la investigación también cuestiona la responsabilidad de las empresas en la contratación de estos servicios ilícitos.
El desenlace de este juicio podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y el uso de redes de espionaje en el ámbito empresarial.
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