Banco Popular
En el informe del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recuerda que se ha requerido dicha documentación a la entidad de Ana Patricia Botín en varias ocasiones, pero matiza que no existe una «resistencia, obstáculo o despreocupación» de la entidad sino que la tardanza es debida al «volumen y complejidad –de lo requerido–, que dificulta su localización y ordenación».
En esta causa, el magistrado José Luis Calama investiga dos fases del proceso de resolución de la entidad, una que abarca las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital, y otra que atañe a las filtraciones a prensa de un año después y que habrían provocado su resolución a mediados de 2017 y la compra de la entidad por la simbólica cantidad de un euro por el Santander.
Romeral indica que ya dejaron patente en la primera petición de prórroga que la documentación requerida al Santander es de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos y, solo después de su estudio, es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar. Apunta que podrían llevar a ampliar periciales acordadas, a aportar nuevos documentos que la complementen o a recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados.
Entre lo que la Audiencia Nacional reclamó al Santander está la interesada en febrero de 2021 cuando pidió diversa documentación para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital de mayo de 2016, que fue por más de 2.505 millones, y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio».
Además, el fiscal indica que quedan declaraciones pendientes de practicar, como la de los funcionarios supervisores bancarios del Banco de España y del Banco Central Europeo. Estima que su testimonio es de gran importancia para conocer los hechos que se investigan y arrojarán luz sobre cuestiones controvertidas y constatables mediante aportación de otros documentos, que no se encuentran entre los incorporados a las actuaciones.
Añade que no se descarta además recabar el testimonio de otros funcionarios que, habiendo participado en el ejercicio de las funciones de supervisión e inspección del Banco Popular, se desconoce hasta el momento el papel o intervención que tuvieron.
Para mayor refuerzo en la tesis de que se debe prorrogar la instrucción, el fiscal explica que aún se están practicando varias periciales por parte de funcionarios del Banco de España. Indica que se ha dispuesto por parte de Calama que comuniquen en cada momento las necesidades de información o documentación para llevarla a efecto, lo que puede motivar el acuerdo de diligencias complementarias.
En esta causa se acordó ya prorrogar la instrucción por auto de 16 de junio de 2021. Romeral destaca que la complejidad de la misma y las dificultades añadidas por la pandemia de covid-19 han hecho imposible cumplir con la fecha prevista y por eso insiste en la necesidad de contar con otros seis meses, de conformidad con el artículo 324 de la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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