El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. (Foto: FGE)
Así se ha pronunciado en el marco de la Comisión de Justicia del Senado, a la que ha asistido para presentar la Memoria anual de la Fiscalía referida a 2023. Es la primera vez que acude a las Cortes Generales desde que su imputación por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha aprovechado su intervención, antes de desglosar los datos de la Memoria anual, para señalar que las nuevas formas de comunicación, las vías de acceso a la información y la gestión de los datos «han aumentado exponencialmente los peligros a los que una sociedad puede verse sometida si los mecanismos de control no se gestionan adecuadamente».
El fiscal general ha incidido en que dichos peligros pueden «poner en riesgo nuestras democracias, tal y como ha reconocido el Parlamento Europeo». En este punto, ha hecho referencia al Eurobarómetro, que apunta que el 81% de los ciudadanos de la Unión Europea está de acuerdo en que «las noticias o la información que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia».
Con todo, ha asegurado que «frente a determinados discursos que pretenden socavar nuestras instituciones» y «nuestra propia convivencia», el sistema «resiste». «Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho resiste», ha recalcado.
En referencia a dicha resistencia, ha añadido que «el Ministerio Fiscal, los hombres y las mujeres que lo integran, siempre estarán, siempre contribuirán con su trabajo y dedicación, a la garantía y la protección de los derechos de todas las personas, sin distinción y desde el respeto al ordenamiento jurídico».
«La ciudadanía debe conocer que el Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido únicamente al imperio de la ley», ha manifestado, al tiempo que ha asegurado ser consciente de que los españoles esperan de la Fiscalía «un trabajo serio y responsable».
En este sentido, ha incidido en que la ciudadanía espera también un «esfuerzo colectivo que exige una justicia garantista, efectiva, eficaz, pronta e igual para todos y todas, no la justicia de los salones de los palacios, sino la que demanda una sociedad democrática y plena en el ejercicio de sus derechos».
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