El fiscal general dice sufrir un «señalamiento público» y no dimite para no hacer una «concesión a los delincuentes»

Así lo aseguró García Ortiz en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde estaba citado esta tarde para dar cuenta de su gestión y donde fue preguntado por el hecho de que el Tribunal Supremo le investigue por la filtración de un correo de la defensa de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Antes de referirse a este sumario, el responsable del Ministerio Público aseguró de forma general que su institución “ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida exclusivamente al imperio de la ley”. También aludió a que «las noticias o la información que tergiversan la realidad son un problema para la democracia».

Respecto a la causa que tiene abierta en el Supremo, afirmó que su libertad de expresión para hablar de este procedimiento estaba “bastante limitada”, ya que no podía hablar de “procesos pendientes” y más de uno que le afecta personalmente.

No obstante, se quejó de estar sufriendo un “señalamiento público” fruto de un “relato alternativo de culpabilidad”, que sostuvo que tiene que ver con que se presuma su culpabilidad por haber borrado los mensajes de su móvil.

“NO DIMITO”

Apuntó que es cierto que efectuó ese borrado, como sostiene la Guardia Civil, pero apuntó que lo hizo porque la normativa europea establece que “no se debe mantener los datos ajenos en el dispositivo más que el tiempo estrictamente necesario”.

“No debemos mantener los datos ajenos cuando yo no son útiles para el fin al que han sido destinados”, afirmó, al tiempo que se quejó de que esta actuación de “sentido común” sea vista por algunos como una “evidencia de culpabilidad”. Afirmó que esto es invertir las “normas básicas del Estado de derecho”, ya que respecto a él se está trasladando a la opinión pública “un relato alternativo de culpabilidad, un señalamiento público”.

Añadió que borra “regularmente” los datos de su móvil y que lo hizo en las fechas que dice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, pero también realizó esta acción “con anterioridad”.

En cuanto a por qué no dimite pese a estar siendo investigado, dijo que si lo hiciera “estaría haciendo una concesión a los delincuentes». Sostuvo que esto “podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad” y perjudicaría a quien sea su sucesor. Defendió que las “redes criminales”, los narcotraficantes o los yihadistas no pueden ver un “ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito”.

Respecto a que eliminara la cuenta que tenía en Gmail, afirmó que lo hizo en diciembre pasado ante el “acoso” que sufría al haberse difundido datos personales suyos al publicarse un informe de la UCO enviado al Supremo. Añadió que también tuvo que cambiar su número de teléfono personal por las llamadas que estaba recibiendo y los “inconvenientes” que genera que se difunda esta información del fiscal general.

COMO UN “DELINCUENTE”

Por su parte, la senadora del PP María José Pardo acusó a García Ortiz de actuar como un «delincuente», al considerar que la filtración de datos de la pareja de Ayuso buscaba perjudicar a la presidenta madrileña. Afirmó que se trata de un comportamiento «impropio» de alguien que dirige la acusación pública.

Pardo afirmó que «por salud democrática» el fiscal general debería haber dimitido hace tiempo, puesto que estar investigado por el Supremo «le inhabilita» para estar en el cargo.

Asimismo, Paloma Gómez, de Vox, también reclamó la dimisión de García Ortiz y le preguntó “a quién está protegiendo” en la causa de revelación de secretos y “quién le manda”. Añadió que el fiscal general es solo un “peón” de su “patrón”, que sostuvo que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su vez, José María Oleaga, del PSOE, reprochó a Vox y PP haber realizado acusaciones contra el fiscal general “sin ninguna prueba de ninguna clase” y les atribuyó un intento de “vapulear” a la institución del Ministerio Público. Según el senador socialista, estos partidos habían cruzado con ello una “línea muy peligrosa”.

Por su parte, Joan Bagé, de Junts, y Joan Queralt, de ERC, reprocharon a PP y Vox el uso político de la causa abierta contra el fiscal general, al que pidieron la promoción del catalán en la Fiscalía e impulsar la aplicación total de la ley de amnistía para los condenados por el ‘procés’.

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