El pasado mes de noviembre el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley para la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) al que, según la mayoría de la oposición, se le ha dado la vuelta «como a un guante» hasta conformar una norma que avanza en la transparencia, igualdad y libre competencia para todas las entidades que contratan con la Administración Pública.
La reforma llega con retraso y por orden de transposición de una directiva europea: el parón parlamentario de las dos convocatorias de elecciones generales en 2016 han demorado el proceso. Es una ley poco conocida y probablemente aburra al común de los mortales, pero sus artículos gestionan casi el 20% del PIB español y es una de las herramientas clave para evitar la corrupción en el sector público. Es decir: uno de cada cinco euros en nuestro país pasa por un contrato con las Administraciones.
La trasposición tiene en su mano acabar con los trágicos sobrecostes en obras públicas, las temidas adjudicaciones a dedo o en base al precio más bajo, con el consecuente menoscabo de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados en la Administración.
La nueva norma contiene medidas para evitar algunos de las más perniciosas costumbres de la contratación pública en España, sobre todo desde la llegada de la crisis: el precio dejará de ser el criterio para adjudicar contratos públicos y la ponderación de la calidad del servicio pesará más que el ámbito monetario. Los contratos con la Administración podrán ser revocados en caso de que la empresa incurra en el impago de salarios o incumpla los convenios colectivos o la norma laboral vigente. También se observarán cláusulas sociales y ambientales a la hora de contratar con dinero público.
La fundación Civio, una de las muchas entidades de la sociedad civil que han colaborado con los diputados para generar esta norma, destaca el cambio del contrato tipo por excelencia: “se pone al uso del negociado por criterios de precio, que pasan a tramitarse mediante el nuevo procedimiento abierto simplificado”. Civio ha calculado que tanto en 2013 como en 2014, el 60% de los contratos se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad. Y aunque ahora esos contratos dejarán de ser la norma norma, «advierte de que no desaparecen y se mantienen cuando haya otras razones: si solo se puede adjudicar a un empresario, en contratos secretos y reservados, si no funciona el procedimiento abierto o cuando no se pueden establecer los criterios de forma clara».
La plataforma pro- transparencia pública explica que este nuevo proceso se podrá utilizar en contratos de obras de menos de dos millones o de suministro y servicios de menos de 100.000 euros en los que los criterios de adjudicación mediante juicios de valor no superen el 25% del total. “La licitación se publicará solo en el perfil del contratante y los plazos de presentación de proposiciones, adjudicación y formalización son más cortos y sencillos”, subraya.
Además, los contratos menores, aquellos que se pueden adjudicar de forma directa sin pasar por todo el procedimiento de contratación, “pasan de ser aquellos de menos de 50.000 euros en obras y 18.000 en servicios en suministros a los que no superen los 40.000 y 15.000 euros, respectivamente”.
Además, también regulará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, que tendrán obligaciones dentro de la nueva ley siempre que la mayoría de su financiación sea pública y solo para los grandes contratos, con la excepción de aquellos destinados a las campañas.
“No tienen las mismas obligaciones que las administraciones públicas, pero deberán cumplir algunos requisitos, como establecer instrucciones claras de contratación basadas en los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación. Además, deberán adjudicar los contratos a la mejor oferta y contar con un perfil del contratante que publique licitaciones y adjudicaciones motivadas”, expone Civio.
Casi un millar de enmiendas
Uno de las formaciones que más empeño ha puesto en difundir los cambios y celebrar “que este Parlamento está vivo” ha sido Unidos Podemos. A su paso por el Congreso antes del verano, esta ley recibió unas 1.080 enmiedas. De ellas, se han incorporado finalmente 975, una gran mayoría.
“Uno de nuestros grandes empeños era que el precio dejara de ser el único criterio de valoración de los contratos, y que deba primar la calidad sobre el precio; era algo de lo que adolecía la contratación pública de nuestro país, con consecuencias de precariedad laboral, etc.”, defendía entonces Auxiliadora Honorato, la diputada morada encargada de trabajar en esta modificación legislativa desde una formación que, no obstante, considera que la ley es «insuficiente».
“También conlleva una adecuada transcripción de claúsulas sociales y ambientales y la reserva de contratos al tercer sector”, resume, así como “la norma de garantizar salarios conforme a convenio, que tanto pedían sindicatos y empresariales para no rebajar salarios”.
Unidos Podemos también destaca el apoyo a las Pymes mediante las rebajas en los umbrales de acreditación de solvencia que hasta ahora se necesitaba para acceder a los concursos públicos, y “que las nuevas empresas no tengan que acreditar haber participado en concursos públicos para poder participar, abriendo posibilidades a jóvenes”, incide la formación, que ha presentado 186 enmiendas.
Una cantidad duplicada por el PSOE, que presentó hasta 400 enmiendas y que celebra una ley con “claúsulas medioambientales, sociales, con apoyo a pymes y que es transparente y clara para acabara con cualquier posibilidad de corrupción”.
