El que fuera vicepresidente de Caja Madrid y miembro del consejo de Bankia, José Antonio Moral Santín, ha reconocido durante su intervención ante la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate de la banca que las participaciones preferentes “nunca se debieron vender” a los inversores minoristas, aunque ha descartado que hubiese intención de engaño en su emisión.
“Nunca se debieron vender, ni se deben vender en el futuro” a los pequeños ahorradores, ha apuntado Moral Santín, que cree que este producto debe ir dirigido a “institucionales” o en su caso a particulares “con un asesoramiento técnico corroborado”. Aun así, ha defendido que las preferentes “no son un producto muy complejo, pero sí lo suficientemente atípico para que parte de los inversores tengan dificultades para comprenderlas”.
El exconsejero de Caja Madrid, que ha recordado que la Audiencia Nacional ha archivado la pieza relativa a las preferentes, ha señalado que cuando se emitieron no había “ningún indicio” de que pudieran entrar en colapso”, como finalmente sucedió, a su juicio, por una “intervención política” a raíz de los denominados ‘decretos guindos’. “Las preferentes se emiten y se están pagando regularmente hasta febrero de 2012”, ha recordado.
Caja Madrid recurrió a las preferentes en dos ocasiones: en 1994 con una emisión “con la que nunca hubo problemas” y otra, en 2009, en la que por primera vez se venden estos productos a minoristas, después de que el Banco de España lo permitiese, según ha defendido. “Todos los bancos grandes tenían preferentes”, ha apuntado además, si bien “no lo digo como disculpa”.
Caja Madrid, entonces presidida por Miguel Blesa, lanzó en 2009 una emisión de 1.500 millones de euros en preferentes, pero decidió ampliarla hasta 3.000 millones dada la alta demanda recibida. Estos títulos debían pagar un cupón del 7% durante los primeros cinco años, plazo a partir del cual la remuneración pasaría a ser de Euríbor más el 4,75%.
Tras el rescate público, Bankia, de la mano del Ministerio de Economía, puso en marcha un proceso de arbitraje para devolver el dinero a los afectados, aunque muchos otros acudieron a los tribunales para recuperar sus ahorros. En torno al 75% de los inversores han recuperado totalmente su inversión mediante el proceso de arbitraje o la vía jurisdiccional.
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