El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán comenzará a declarar mañana en el juicio de la pieza política de los ERE, aunque no abrirá la sesión como inicialmente se preveía, pues el magistrado aún debe terminar con el interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La larga declaración de Fernández, que lleva siete días respondiendo al fiscal y a su abogado y a quien hoy el juez ha replanteado por sorpresa preguntas del interrogatorio al que le sometió en 2012 la jueza Alaya para que aclare qué respuestas ratifica, ha ido postergando uno de los platos fuertes del juicio.
En los pasillos de la Audiencia de Sevilla, el propio Griñán -que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación- ha expresado su deseo de pasar ya el trance de subir al estrado y su contrariedad por cómo se está posponiendo ese momento.
Mañana será el día, pues aunque el juez ha afirmado hoy que aún tiene algunas preguntas que exponer a Fernández, la previsión es que bien durante la mañana o si no diera tiempo por la tarde -los miércoles hay doble sesión- comience el interrogatorio del fiscal al expresidente.
Griñán está acusado -junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos su antecesor Manuel Chaves que declarará tras él- de prevaricación y malversación por mantener el «procedimiento específico» por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Durante la mayor parte de ese periodo, Griñán no fue presidente (cargo en el que sucedió a Chaves en 2009 hasta su dimisión en 2013 ante su implicación en la investigación judicial) sino consejero de Hacienda, de 2004 a 2009.
Como tal, era destinatario -junto a los consejeros de Empleo e Innovación- de los informes en los que la Intervención de la Junta alertó de que el sistema usado para pagar las ayudas era «inadecuado» y en uno de ellos, en 2005, señaló que se daban «prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
El exinterventor de la Junta Manuel Gómez también está acusado y aunque en el juicio ha minimizado el alcance de las deficiencias que indicaba en sus informes, ha ratificado la declaración que hizo ante el Supremo durante la instrucción en la señaló que eran «suficientemente relevantes» como para que el Gobierno adoptara medidas y en concreto señaló que Griñán como responsable de Hacienda pudo «haber ordenado que se suspendieran» los pagos de las ayudas.
También en el Supremo declaró en su día Griñán, donde alegó que no recibió ni leyó esos informes, y a la salida dijo que con las ayudas de la Junta para ERE «no hubo un gran plan pero sí un gran fraude».
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