Nuevos problemas para el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, que hace apenas un año salió de la cárcel tras ser condenado por un delito de apropiación indebida. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que existen indicios suficientes para juzgar a seis directivos de la antigua Caixanova, entre ellos Gayoso, por operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.
Estas operaciones, que se habrían realizado a través de la financiera Proinova, supusieron un perjuicio para la entidad, hoy Abanca, de 41,8 millones de euros. En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la magistrada entiende que los hechos, una vez finalizada la instrucción, son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social.
El procedimiento se dirige contra el presidente de la Comisión Delegada de Caixanova en el momento de las operaciones objeto de investigación, Julio Fernández Gayoso; el director general, José Luis Pego; el director de la División Comercial Gregorio Gorriarán; el director de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el director del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido.
La resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de doce personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados.
La magistrada examina las operaciones sospechosas y concluye que ha provocado perjuicios patrimoniales a la financiera inmobiliaria Proinova SLU y a Caixanova, a favor del grupo COPASA. En este sentido, según Lamela, el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios que se ha ocasionado a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles.
En concreto, explica, el perjuicio económico relativo a las parcelas 15b-1 y 44 asciende a 24.368790,47 euros y en cuanto a la distribución de la carga hipotecaria atribuida a la siguiente operación de compraventa con subrogación de las parcelas 15B-2 y 15B-5, sería de 15.012.190,26 euros. Por último, indica que el perjuicio patrimonial por condonación de intereses a Rivas ACI SL y de forma adicional a sus avalistas, como resultado de la compraventa con subrogación de 22 de noviembre de 2010 realizada por Proinova, dado que se trata de retrocesiones no amparadas por el contrato de préstamos hipotecario, ascienden a 2.472.859 euros.
“Sumado lo anterior, el perjuicio patrimonial para el grupo Abanca ascendería de acuerdo con los cálculos realizados en el informe de análisis de esta operación a 41.853.839 euros”, explica el auto.
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