Federico ramos, exsubsecretario de presidencia
Federico Ramos fue subsecretario de Presidencia hasta el 22 de enero de 2016. Ese día dimitió por su presunta relación con el caso Acuamed, la trama de adjudicaciones fraudulentas y sobornos con epicentro en la entidad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas.
Considerado mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y número tres en la línea sucesoria en el Ministerio de Presidencia, Ramos alegó que se marchaba “para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad”.
Los hechos que le salpican en Acuamed, que también involucran al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, proceden de su paso por el Ministerio de Medio Ambiente, como secretario de Estado.
La operación Frontino desveló que varios exempleados de la empresa pública acusaron a Ramos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de participar en una reunión con la constructora FCC en la que se pactó una “compensación indebida” de 40 millones de euros a la compañía, que luego se consignó en los presupuestos de 2015. En aquel momento Ramos presidía el Consejo de Administración de Acuamed.
Cuando dimitió, el juez Velasco llamó a Ramos a declarar como investigado (nueva denominación del imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Unos meses más tarde archivó provisionalmente la investigación contra él y la directora general de Aguas, Liana Ardiles, eximiéndoles de los presuntos delitos que pesaban sobre ellos por organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias Acuamed. Ramos quedó por tanto libre de imputación por la trama que precipitó su salida.
El ex alto cargo abandonó una prometedora carrera junto a Santamaría para defender “su honorabilidad”, según sus palabras. Sin embargo, parece no haberse desentendido del sector de la gestión de aguas, y tampoco de algunas de las grandes tramas corruptas que se dirimen en los juzgados españoles ligadas a la contratación pública: el Portal de Transparencia publica hoy la autorización del Gobierno a este ex alto cargo para trabajar en Suez Spain.
Se trata de un ‘holding’ propiedad de una matriz francesa que en España controla compañías como Suez Environment, dueña del 100% de Agbar (Aguas de Barcelona).
Las ramificaciones de esta empresa y su mayor accionista, la francesa GDF Suez, tienen bastante espacio en la hemeroteca al lado de grandes tramas corruptas de la contratación pública en España. Por un lado, GDF Suez, dedicada a los “servicios de gestión y eficiencia energética, instalación y mantenimiento en edificios, industria e infraestructuras”, controlaba Cofely España cuando esta empresa protagonizó las corruptelas del caso Púnica.
En el lado de Agbar, la sociedad francesa ya era la mayor accionista de la compañía de aguas de Barcelona cuando se conoció la trama del 3% y las donaciones de empresarios a fundaciones de la antigua Convergència Democratica de Catalunya (CDC).
Según explicaba esta información de VozPópuli, el escándalo de las comisiones «forzó la salida de Miquel Roca y los dueños de Cofely del consejo de Aguas de Barcelona». “Los cambios se produjeron tras los registros de finales de agosto en la sede de CDC y de la Fundación CatDem, de la que Agbar es el mayor donante de fondos, con 855.000 millones entre 2008 y 2012”, explicaba este medio.
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