Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior
Rafael Isea ha confirmado sus contactos con el Gobierno español, así como la reunión en Nueva York con varios miembros de la conocida como policía política que investigó a Podemos en 2016. En una entrevista con el periodista Manuel Aguilera publicada por laSexta, quien fuera ministro de Finanzas de Hugo Chávez en Venezuela afirma que el Gobierno español le utilizó para investigar a la formación morada e influir en las elecciones que se iban a celebrar. Algo por lo que se plantea emprender acciones legales.
Isea, ha señalado Manuel Aguilera en Al Rojo Vivo, estaría pensando emprender acciones legales contra los tres miembros de la Policía con los que se reunió en ‘la gran manzana’, y el Ejecutivo de España.
Respecto al mencionado encuentro, el exministro venezolano explica que tres personas le recibieron en el consulado de España en Nueva York y le transmitieron que su intención es investigar el pago de 7,1 millones de euros en 2008 de Venezuela a la Fundación CEPS. Estos policías le llegan a prometer que, si declara, contaría con el respaldo del Gobierno y podría obtener protección para él y toda su familia.
Isea apunta a José Ángel Fuentes Gago como una de las personas con las que se vio en el consulado español. “Fuentes Gago se dirige a mí y me dice: ‘Yo soy alto funcionario de Interior y esto tiene el más alto respaldo de Gobierno español, esto solo va a ser supervisado por un juez, y podemos tratar con él la condición de testigo protegido. Sabemos su situación de persecución y nosotros podemos ayudarle con pasaporte español, nacionalidad y salir del país porque están perseguidos’”, explica el ex titular de Finanzas.
En esta entrevista, recogida por laSexta en su web, admite sentirse utilizado por el Gobierno de España, ya que Fuentes Gago le prometió seguir en contacto con él para concretar las medidas de protección y aún no ha recibido respuesta. “Yo pedí explicaciones, no recibí explicación”, destaca Isea, que tiene claro que le utilizaron.
“Pienso que me utilizaron”, asegura, que señala que “la cronología apunta a la posibilidad de haber usado eso para influir en las elecciones”.
Sobre el documento que acreditaría el supuesto pago de los 7,1 millones a la Fundación CEPS Rafael Isea sostiene que fue elaborado por el Gobierno venezolano y “se produjo en medio de un arreglo entre los ministerios para proponerle al presidente el pago de los servicios”. “Pero eso, cumplido con la ley, no tiene nada de ilegal en Venezuela”, apunta.
“Evidentemente la firma que está ahí es la mía, y la del comandante Chávez es la de Chávez, pero es una copia. Yo me referí a eso en una conversación que se produjo con un agente en el consulado de España en Nueva York, donde dijo: ‘En base a este documento esa es mi firma, y la del comandante, en ese contexto, pero yo nunca llegué a ver ese documento original del punto de cuenta. Uno no tiene por qué acordarse de todo lo que firma”, añade.
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