Audiencia Nacional
Según publica Europa Press, Castro ha comparecido como imputado a iniciativa propia después de que la primera vez que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 le citó, en noviembre de 2019, se acogiera a su derecho a no declarar porque en ese momento la causa estaba secreta.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, ha expuesto que la idea de analizar el riesgo que a nivel reputacional podía entrañar la financiación concedida a algunos clientes surgió después de que en las juntas de accionistas algunos se quejaran por los créditos otorgados a ciertas empresas, por ejemplo, armamentísticas.
Conforme ha relatado, tras una junta de accionistas de 2014, fue el entonces presidente de BBVA, Francisco González, quien le trasladó en una conversación la necesidad de empezar a tener en cuenta este riesgo reputacional a la hora de otorgar financiación.
A partir de ahí, ha contado, se desarrolló un proceso interno para ver cómo se podía llevar a cabo dicha evaluación. Castro ha precisado que trató el asunto con el director de Riesgos para España, Ignacio Pérez Caballero, dejándolo en sus manos.
Fue a finales de ese año cuando, de acuerdo con Castro, se concluyó que debido a cuestiones presupuestarias no era posible hacer ese análisis de riesgo reputacional con los recursos propios de BBVA, por lo que había que acudir a un proveedor externo.
Castro ha sostenido que fue el Departamento de Seguridad quien propuso a CENYT para el trabajo. Finalmente, las empresas del comisario fueron las elegidas para realizar este examen reputacional.
CENYT ya era un proveedor conocido porque se le contrató por primera vez en 2004, tras lo cual se habrían sucedido una serie de encargos que se prolongarían hasta 2017 y por los que Villarejo se habría embolsado más de 10 millones de euros.
El que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, reconoció en un escrito que se dio ese primer contrato a CENYT en 2004 porque Villarejo, a quien conocía desde los años 70, le contactó un año antes para presentarle su nueva empresa. A su juicio, defendió, era «inimaginable» que el comisario siguiera en activo y «nunca» sospechó que la información que les proporcionaba pudiera proceder de bases policiales de acceso restringido.
Este miércoles también ha declarado, aunque como testigo, la directora de la sucursal de BBVA donde Villarejo abrió una cuenta de CENYT, la cual ha señalado que el comisario se le presentó como un asesor de la entidad bancaria.
Según las fuentes consultadas, la testigo ha manifestado que recibió una llamada de Corrochano para que abriese una cuenta a Villarejo, al que pidió que se diese un trato especial.
Además, este miércoles ha comparecido como testigo una empleada de CENYT que ha descrito que tenía un papel menor en las empresas del comisario, detallando que solo trataba directamente con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, que le encomendaba tareas.
Entre esas labores, ha recordado, estuvo la de buscar archivos relacionados con el que fuera presidente de Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) Luis Pineda para tratar de desestabilizar su imagen. De acuerdo con la testigo, eran peticiones que BBVA habría realizado a CENYT.
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