Según el Ministerio de Hacienda, «la autorización del Consejo de Ministros responde a la importancia de reforzar la participación del Estado como accionista de referencia en una compañía estratégica para el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa», sobre todo tras la salida de Corporación Financiera Alba.
De este modo el Estado refuerza su condición de primer accionista de Indra. El segundo mayor accionista de la compañía es Fidelity, que controla un 9,8% de su capital; y el segundo SAPA con un 5%.
