El Estado pagaría 8.000 millones si perdiera todas las demandas que le han puesto las multinacionales

El Estado español tendría que pagar “más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos” si las empresas e inversores ganaran toda las demandas que han presentado en su contra. Este es uno de los argumentos que está detrás de la campaña europea de recogida de firmas se ha puesto en marcha para pedir la eliminación del sistema de ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS).

Dicho mecanismo otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos si éstas consideran que están obstaculizando sus beneficios económicos y en su lugar, la campaña ‘Paremos a las multinacionales. Stop ISDS’ exige un tratado internacional vinculante acompañado de una ley estatal, que permita responsabilizar a las transnacionales de la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde tenga actividad.

En la campaña se reclama que “en lugar de estos derechos especiales para las corporaciones”, se necesitaría “un tratado de la ONU legalmente vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, así como una nueva legislación europea y nacional para asegurar la rendición de cuentas de las empresas transnacionales y garantizar el acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas por el abuso corporativo”.

Desde Ecologistas en Acción -una de la más de 150 organizaciones europeas, sindicatos y movimientos sociales que está detrás de la campaña que rechaza un sistema de justicia paralelo, unilateral y a favor de las empresas transnacionales.- informa que “España es, ahora mismo, el Estado europeo que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales.

Y pone dos ejemplos actuales: “Edgewater, una empresa minera canadiense, ha demandado al Estado español por cancelar la licencia de explotación de una mina a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) invocando un tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá y socavando con ello el derecho a la defensa del medioambiente y la salud del pueblo gallego. Y Vatenfall, una empresa energética sueca, ha demandado a Alemania dos veces por su plan de salir de la energía nuclear en 2020, lo que podría costar millones de euros a los alemanes.

UGT –sindicato que también forma parte de esta alianza-recuerda el mecanismo ISDS se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA) denunciando que “representan una instancia privilegiada para que las empresas puedan demandar a los Estados, eludiendo los sistemas judiciales ordinarios.

Por ello, esta campaña se articulará en torno a una recogida masiva de en torno a dos cuestiones: La primera, exigir la eliminación de los tribunales corporativos (ISDS) en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo parecido, y no firmar nuevos tratados de este calado en el futuro. Y la segunda, promover el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, así como establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa.

La recogida de firmas –que se inició ayer 22 de enero coincidiendo con el primer día del Foro Mundial Económico en Davos- tiene una duración prevista de un año. A su vez los participantes han acordado la realización de dos acciones globales de movilización ciudadana europea común en los meses de abril y octubre de este año.

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