El drama de los asentamientos chabolistas de temporeros en Huelva

Fresas
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

Son inmigrantes, son temporeros y -aunque el 70% de ellos tiene su situación administrativa regularizada en España- se ven obligados a ‘malvivir’ en chabolas de cartón y plástico, en condiciones “indignas” e “intolerables”, sin luz, sin agua, sin saneamientos e inseguros “en la llamada sociedad del bienestar en pleno siglo XXI”.

Esta es la “Realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva”, que recoge un informe presentando por la denominada Mesa de la Integración, un grupo de ONG del que forma parte Cáritas y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que denuncia la situación “inhumana” en la que malviven los inmigrantes que trabajan en el sector agrario en la provincia de Huelva.

La Mesa de la Integración se constituyó a finales de 2010 para dar a conocer y denunciar las precarias condiciones de vida de los cientos de personas asentadas en torno a los campos de producción agraria, de manera especial la de los asentamientos chabolistas de inmigrantes de la provincia de Huelva, que son, señalan, “una de las realidades de exclusión más graves que se dan no sólo a nivel local o regional sino nacional”.

Y desde entonces, año tras año estas ONG están denunciando que “salvo en la zona de Almería no hay ninguna región en España en la que las personas temporeras, ante la inexistencia total de una red de acogida e información al temporero y la imposibilidad de alojamientos alternativos, se vean obligadas a vivir en asentamientos chabolistas en cifras que superan los dos millares”, un número durante la campaña agrícola supera las 3.000 personas.

Además de analizar las condiciones de precariedad y de carencia total de condiciones y de seguridad mínimos en las chabolas donde malviven estas personas, el informe explica por qué estas personas se encuentran con una “dificultad extrema” para encontrar una vivienda digna en la provincia de Huelva. Destacando que “la dilatación de las campañas, la escasez de viviendas de alquiler, la reticencia de los onubenses a alquilar a personas de diferentes orígenes, la ausencia de alojamiento ofrecido por el empresariado para los contratados en Huelva y la inexistencia de dispositivos de acogida son las principales causas por las cuales los/las trabajadores foráneos recurren a los asentamientos de infraviviendas como lugar para vivir”.

En el informe también se da la voz de alarma sobre el hecho de que estas personas ya no viven en los asentamientos chabolistas solamente durante las campañas agrícolas, sino que viven permanentemente en ellos, situación que “es bien conocida por las administraciones locales, autonómicas y nacionales” y por la que ya se han producido diversas muertes debidas a lo inseguro de las construcciones (por ejemplo, provocadas por incendios). Con el agravante de que en estos ‘poblados’ “la actualidad viven menores acompañados y no acompañados en estos poblados de infravivienda y, también, jóvenes ex tutelados por la Junta de Andalucía”

En el informe se explica que por países, los temporeros que se encuentran más representados en los asentamientos de la provincia de Huelva son Ghana, Malí, Marruecos, Rumania y Senegal. Por edades, la franja mayoritaria de las personas asentadas está entre los 18 y los 45 años, salvo el caso de algunos menores acompañados de sus familias. La mayoría de ellos son hombres, pero también ha comenzado a detectarse la presencia de mujeres, bien sea acompañadas por sus parejas, por sus familias o solas.

Respecto al número de los asentados se explica que muy variable y se eleva durante las campañas de recogida de fruta. Y aunque no existen cifras oficiales, se estima que durante la campaña agrícola el número de personas supera los tres millares.

La mitad de los habitantes de los asentamientos irregulares tienen un nivel educativo bajo, mientras que la otra mitad de los asentados sí han conseguido finalizar los estudios primarios. La presencia de personas con un nivel educativo superior es mínimo.

Y se estima que el 70% de los residentes tienen su situación administrativa regularizada en España, el 27% se encuentra esperando a cumplir con los requisitos necesarios para regularizarla y un 3% no posee la documentación en regla.

Reinvindicaciones

Con motivo de la presentación de este informe, las entidades que forman la Mesa de la Integración de Huelva plantean las siguientes propuestas:

– Que exista una implicación real de las Administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales en la búsqueda de soluciones efectivas, duraderas e integrales

– La creación tanto de una mesa intersectorial en el que participen todos los agentes implicados, así como, de un plan holístico que haga frente a las dificultades de las personas que se encuentran en los asentamientos.

– Reforzar y establecer cauces para garantizar que se cumplan los derechos de acceso a la atención sanitaria, a la inserción laboral, a un alojamiento digno y derecho de disfrutar de un servicio de orientación jurídica, así como, garantizar el empadronamiento de todas las personas en el sitio donde residen.

– Cesar los desalojos, dando alternativas como la creación de albergues o de módulos prefabricados, que faciliten el alojamiento de los temporeros.

– Crear oficinas de mediación para el alquiler con el fin de facilitar viviendas a los mismos.

– En cuanto a menores y mujeres, que se encuentran en asentamientos chabolistas, crear un programa específico que aborde de manera integral, la problemática que presentan estos perfiles si cabe más vulnerable.

– Dotar a la Oficina de Extranjería de Huelva de los medios necesarios para que puedan los profesionales, mejorar su labor sobre todo en momentos álgidos de campaña.

Estas ONG explican que “que la insalubridad, la inseguridad y la ausencia de acceso a recursos básicos son una constante que se repite en todos y cada uno de los asentamientos analizados” en su informe. Y denuncian que “las personas que los habitan sobreviven, día tras día, con el riesgo de sufrir enfermedades (por falta de salubridad o encontrarse sin refugio ante las condiciones climatológicas), con una vida en estado de alerta, con la ausencia de recursos más básicos como el agua corriente o la electricidad, o con no tener cuatro paredes en las que poder refugiarse”

Recuerdan que “el acceso a la vivienda no es un lujo sino un derecho y una necesidad, según el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), por lo que consideran “inconcebible que haya personas que vivan en estas precarias condiciones debido, principalmente, a la ineficacia de las Administraciones Públicas”.