En plena era digital, donde los pagos electrónicos y las aplicaciones móviles dominan el día a día de los consumidores, el pasado apagón eléctrico del 28 de abril dejó en evidencia la fragilidad del sistema digital. En ese contexto, el dinero en efectivo recuperó su papel protagonista, consolidándose como la única vía de pago viable para millones de personas. Lo que parecía obsoleto, se reveló imprescindible.
La digitalización avanza, pero el efectivo resiste
Los últimos informes del Banco de España confirman una tendencia ascendente en el uso de pagos digitales, pero también destacan que el efectivo sigue siendo el medio de pago más común en el país. En 2024, el 57 % de las transacciones en tiendas físicas aún se realizó con dinero en metálico, y las retiradas en cajeros alcanzaron niveles similares a los de antes de la pandemia, según la plataforma Denaria.
A pesar de la digitalización, más de la mitad de las compras físicas en España aún se paga con efectivo
El apagón que puso al sistema en jaque
Durante el apagón masivo del 28 de abril, el colapso de la red eléctrica y las telecomunicaciones paralizó los TPV, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, lo que provocó que millones de ciudadanos no pudieran completar pagos con tarjeta.
El uso de pagos electrónicos cayó un 55 % ese día, lo que supuso una pérdida de 400 millones de euros, según datos aportados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
En un solo día se perdieron 400 millones de euros por la caída de los pagos digitales
El efectivo: refugio en tiempos de crisis
En condiciones normales, el efectivo se asocia a privacidad y anonimato, pero en contextos críticos, se convierte en una herramienta fundamental para adquirir productos y servicios básicos.
Desde Denaria, se recuerda que el efectivo no depende de baterías, redes ni conexiones digitales, lo que lo convierte en un recurso esencial ante emergencias tecnológicas o energéticas.
El efectivo no requiere red ni batería: es autónomo y fiable en emergencias
Un derecho que necesita protección
Denaria insiste en que el uso del efectivo está protegido por la legislación vigente y es un derecho ciudadano. Limitarlo —ya sea de forma directa o indirecta— supone un riesgo para la libertad financiera y la resiliencia económica del país.
Por ello, se pide a las autoridades garantizar el acceso al efectivo mediante una red distribuida de cajeros, y fomentar su uso como una medida básica de seguridad nacional.
