Sanidad Pública

El deterioro de la sanidad andaluza desata una nueva ola de protestas en defensa del sistema público

Sindicatos y plataformas ciudadanas denuncian falta de financiación, listas de espera récord y una deriva hacia la privatización.

Imagen de archivo de la concentración de la Coordinadora Mareas Blancas Andaluzas en el Parlamento de Andalucía / Foto: Joaquín Corchero - Europa Press
Imagen de archivo de la concentración de la Coordinadora Mareas Blancas Andaluzas en el Parlamento de Andalucía (Foto: Joaquín Corchero - Europa Press)

La sanidad andaluza afronta una de sus mayores crisis en décadas. CCOO, UGT y la Coordinadora de Mareas Blancas salen hoy a la calle en las ocho capitales andaluzas para reclamar una sanidad pública de calidad, mientras acusan a la Junta de “desmantelar” el sistema con recortes encubiertos y externalizaciones crecientes.

La movilización llega tras semanas de polémica por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama y en medio de un aumento sostenido de las listas de espera, que los profesionales califican de “inaceptables”. El Gobierno andaluz defiende su gestión y ofrece “mano tendida al diálogo”, pero los sindicatos advierten de que el malestar sanitario está alcanzando niveles inéditos.

Financiación y gestión bajo presión

Andalucía se sitúa entre las comunidades con menor inversión sanitaria por habitante, alrededor de 1.748 euros, muy por debajo de la media nacional. Los sindicatos acusan a la Junta de destinar una parte creciente de los fondos públicos a conciertos con empresas privadas.

Andalucía está entre las regiones con menor gasto sanitario por persona pese al aumento global del presupuesto

El manifiesto que acompaña las marchas denuncia además una “Atención Primaria infradotada”, con plantillas insuficientes y profesionales sometidos a una carga asistencial cada vez mayor. Los retrasos en el pago de incentivos y la precariedad en las bolsas de trabajo agravan el clima laboral, con un malestar extendido entre médicos y enfermeras.

Las centrales sindicales sostienen que la política sanitaria del Ejecutivo regional “ha fracasado” y que los planes de choque anunciados “nacen fallidos”, al no atacar las causas estructurales del deterioro.

Listas de espera y desigualdad territorial

El número de pacientes que aguarda una intervención quirúrgica supera los 45.000 que llevan más de un año esperando, lo que supone un aumento del 174% en doce meses. La demora media se sitúa en 112 días, pese a los incrementos presupuestarios.

Más de 45.000 andaluces esperan una operación desde hace más de un año, una cifra récord que evidencia el colapso del sistema

La saturación se extiende también a las consultas de especialistas, donde la falta de personal y la externalización de pruebas diagnósticas impiden reducir los tiempos de atención.

Indicador Valor 2025 Observación
Financiación sanitaria por habitante 1.748 euros Una de las más bajas del país
Pacientes esperando cirugía >1 año 45.331 Aumento del 174% en un año
Espera media quirúrgica 112 días Leve mejora respecto a 2024
Gasto derivado a sanidad privada +56% (2019–2025) Crecimiento continuado de la externalización

Crisis de confianza y protesta social

Las organizaciones convocantes vinculan esta situación con una “pérdida deliberada de calidad” que está impulsando a miles de andaluces a recurrir a seguros privados. Las manifestaciones de este domingo se celebran en las ocho capitales y buscan “frenar la degradación del sistema antes de que sea irreversible”.

Las Mareas Blancas y los sindicatos denuncian un modelo que fomenta la sanidad privada en detrimento de la pública

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha reiterado su respeto a las movilizaciones y ha ofrecido diálogo, aunque ha insistido en que “se avanza más firmando acuerdos que protestando”. Los convocantes replican que el Gobierno autonómico “carece de ideas” y que su modelo “conduce a una sanidad para ricos y otra para pobres”.

La sanidad andaluza se enfrenta, así, no solo a un problema presupuestario, sino a una crisis de confianza ciudadana. La respuesta del Ejecutivo marcará si este malestar social se convierte en un punto de inflexión o en el síntoma definitivo de un sistema al borde del colapso.

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